El diputado Manuel Barrera Guillén debería comparecer ante la Fiscalía General del Estado para que explique los indicios que señalan antecedentes de un proveedor “fantasma” tanto en la Auditoría Superior del Estado (ASE) como en el Congreso, así lo consideró Oswaldo Ríos Medrano, experto en temas jurídicos en entrevista para Imagen Informativa. Consideró que para evitar este tipo de pagos a proveedores desconocidos con el pretexto de generar supuestos beneficios a la gente, no deberían asumir facultades de gestión social. “No es necesario regular aspectos más allá de detalle y específicos en el reglamento del Congreso, sino que es necesario dejarnos de hipocresías y establecer que no hay ninguna atribución en la Constitución para que los diputados reciban este tipo de beneficios y que se vuelvan una suerte de dadivosos y providenciales en nombre del interés público, cuando no tienen ninguna facultad de dar dádivas a los ciudadanos, este hecho de dar limosna ofende la dignidad de los ciudadanos”. Dijo que este tipo de atribuciones que se adjudican los legisladores es fortalecer un tipo de clientela política que pervierte la propia representación de los diputados y que propicia simulación de actos jurídicos como el que se percibe actualmente. Por lo que consideró que se debe poner a prueba la eficacia de la nueva Fiscalía General y la renovada Auditoría Superior.

Y es que aseguró que con los elementos que han salido a la luz, respecto a la inexistencia de proveedores ambos entes públicos deben retomar la presunción de falsificación de documentos e inicien las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidad penal, debido a que en este momento los legisladores no tienen fuero. “Ante actos de corrupción de los cuales tiene conocimiento la Procuraduría en este caso la Fiscalía, debería abrirse una carpeta de investigación en este mismo momento, en este caso de este proveedor de este diputado hacerlo comparecer ante el Ministerio Público y que se investigue si este proveedor existe, y en segundo lugar si el gasto que dicen que recibió el legislador que canalizó a determinados beneficiarios, llegó o no” explicó. Ríos Medrano agregó que se trata de llegar al fondo del asunto y dejar de abusar de la representación política para cometer latrocinio en contra del erario público, cuando deben ser los primeros en respetar la ley.