El escándalo económico nacional de la semana pasada fue la reforma a la Ley del Banco de México aprobada por el senado de la república, dicha iniciativa modifica los artículos 20 y 34 de la mencionada ley, los artículos mencionados son -por cierto- la base para la operatividad del propio Banxico en materia de captación de divisas. Para poder comprender la importancia que tiene esta ley, primero es necesario recalcar lo vital que ha sido para el país la autonomía del banco de bancos en México, esta autonomía que empezó a operar el 1 de abril de 1994 a raíz de la entrada en vigor de la reforma al artículo28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo mandato principal -por cierto- es el mantenimiento del poder adquisitivos de todos los mexicanos. Banxico ha defendido al país a lo largo de mas de 25 años de crisis y situaciones económicas adversas a nuestra economía, como la crisis hipotecaria originada en los Estados Unidos, el golpeteo al tipo de cambio por las opiniones emitidas por Donald Trump, hasta la salida de capitales en los últimos meses entre otras, todo esto a través de la aplicación de política monetaria. Esta labor que Banxico ha estado realizando desde su trinchera de auntonomía, puede volverlo vulnerable debido a que le obliga a llevar a cabo operaciones que en origen pueden ser contradictorias, se lo platico en dos puntos: el primero de ellos tiene que ver con que ahora el Banco de México es obligado a comprar el efectivo excedente -de divisas- al aprobar la reforma al artículo 20 agregándole que la institución tiene que adquirir todo el efectivo que no puede ser repatriado a su país de origen, lo cual abre la puerta a que se “cuele” dinero de orígenes no muy claros. Y en segundo punto, esta reforma también obliga y responsabiliza a Banxico a verificar la procedencia ilicita del dinero, cuestión que operativamente hablando será punto menos que imposible, dado que quienes tienen la estructura e información de la procedencia del dinero es directamente la banca comercial. En fin, aun cuando la intención pareciera ser buena, el hecho de cambiar la ley para beneficiar a un 1% de la población y perjudicar a todo un sistema financiero, simpemente no es congruente, la pregunta es ¿por qué no pedir opinión a los expertos?, seguramente por que no les gustará sus respuesta… como con el aeropuerto. 

@Oliver_Arroyo