El Gobierno federal salió en defensa de las Fuerzas Armadas luego que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) revelara la impunidad en que prevalecen los abusos cometidos por militares contra civiles. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores hicieron un llamado a analizar las razones por las cuales las Fuerzas Armadas apoyan en el combate al crimen organizado. "México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país", afirmaron. "Estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte". Ayer, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos señaló en un informe que entre 2012 y 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) inició 505 investigaciones contra soldados por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra civiles. En el mismo periodo, WOLA sólo pudo identificar 16 sentencias condenatorias para esos mismos casos en el sistema de justicia civil. Las dependencias expusieron que las Fuerzas Armadas en México cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de los mexicanos, pues todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que éstas despliegan para mantener la seguridad interior del País, en beneficio de la población civil. El Estado mexicano, advirtieron, ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de la población civil sean juzgados por tribunales civiles. Además, agregaron, las Fuerzas Armadas han ampliado su programa de capacitación en derechos humanos, lo que ha derivado en una reducción de quejas contra personal militar ante la CNDH. Por otro lado, sostuvieron que a través de la PGR, el Gobierno mexicano tiene un compromiso permanente para investigar diligentemente los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles y así cerrar cualquier espacio de impunidad. "El Gobierno de la República continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violaciones a los derechos humanos". La PGR, precisaron, ha creado unidades especializadas que incorporan la perspectiva de derechos humanos en sus investigaciones. -- Reforma