La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó y decretó otra inhabilitación a la Constructora Norberto Odebrecht y a su director en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, y su director de finanzas, Gleiber José de Faria. El primero de ellos es la misma persona que denunció al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin de recibir sobornos. Meneses Weyll fue quien reveló ante las autoridades de Brasil el pago de un soborno por 10 millones de dólares en el 2012 a Lozoya, en ese entonces coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña y, posteriormente, director de Pemex. La inhabilitación de la Función Pública, por dos años y tres meses, es la primera que se da no sólo contra una empresa, sino contra sus directivos. El castigo deriva de simulaciones e incumplimientos en el contrato de mil 811 millones de pesos adjudicado el 12 de noviembre de 2015 para la construcción de accesos y obras externas en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. Además, la empresa Construcción Internacional de México fue la cesionaria del contrato y recibió las obligaciones y, según la SFP, "simuló" el cumplimiento, que también es la conducta que se imputa a los directivos Weyll y De Faria. Según la SFP, se presume que Constructora Norberto Odebrecht "durante la ejecución del contrato DCPA-OPGCP-DGTRI-A-3-15 en su carácter de cedente, evadió el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo". Este contrato fue adjudicado menos de tres meses antes de la salida de Emilio Lozoya de la dirección general de Pemex. En diciembre y febrero pasados, Odebrecht recibió otras dos inhabilitaciones por un convenio de febrero de 2014 para el acondicionamiento de sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas del mismo proyecto en Tula, que se firmó por mil 465 millones de pesos. Las inhabilitaciones previas habían sido por cobrar como extraordinarias actividades ya previstas en el contrato de febrero de 2014, así como por no respetar los costos indirectos pactados con Pemex Refinación, lo que provocó daño a la paraestatal por 119 millones de pesos. En las sanciones anunciadas ayer, se establecieron multas por 543.5 millones de pesos a cada una de las empresas. Otro contrato con Odebrecht, firmado en noviembre de 2014 por mil 151 millones de pesos, aún no deriva en sanciones. Los castigos administrativos de la SFP son independientes de la investigación penal que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, la cual, a la fecha, no ha dado conocer los resultados de su indagatoria. -- Reforma