Los delitos económicos, como malversación de activos, lavado de dinero, fraude, entre otros, tuvieron una mayor presencia en las empresas mexicanas al presentar una tasa de 58%, por encima del promedio global de 49%, informó la firma PwC. De acuerdo con la Encuesta de Delitos Económicos 2018, realizada por PwC, en el 2016 la tasa fue de 37%, mientras que para este año aumentó drásticamente a 58%, debido a que los delitos hoy en día son más sofisticados, por lo cual son más difíciles de identificar y prevenir. Poco más de la mitad de las empresas estimó haber perdido menos de 100,000 dólares por delitos económicos; 18% prevé la cifra entre 100,000 y 1 millón de dólares; 13% estimaron las pérdidas entre 1 y 5 millones de dólares; mientras que 8% las calculó entre 5 y 100 millones, y sólo 1% piensa que la cifra puede ascender a más de 100 millones. La firma precisó que la apropiación indebida de activos es el delito que tiene una mayor presencia en las empresas consultadas, con 47 por ciento. En el 2016, este delito estaba presente en casi ocho de cada 10 empresas. En segundo lugar, se ubican el soborno y la corrupción que se encuentran en 30% de las empresas, mientras que el fraude cometido por el consumidor estuvo en 23%, delito que aparece por primera vez en el listado. Para Alberto Jaquez, socio de Forensics Services en PwC México, las causas de este aumento en las tasas de fraude contra empresas pueden ser tres: que efectivamente el número de delitos se incrementó en este periodo, impulsado, entre otras cosas, por formas de fraudes derivados de las nuevas tecnologías; a la oportuna detección de delitos económicos derivada de una mayor inversión y capacitación en sistemas de control por parte de las empresas y, por último, que los consultados respondieron con mayor honestidad. “Además de los delitos económicos tradicionales, nuestra encuesta identifica otros nuevos que han tomado importancia: el fraude cometido por el consumidor (23%) y la conducta empresarial inapropiada (19%), en tercer y sexto lugares, respectivamente. Creemos que estas nuevas categorías son la causa (al menos parcial) de la disminución de incidencias reportadas en cuanto a malversación de activos”, explicó PwC. Los delitos cibernéticos ocuparon el cuarto puesto con 22%; seguidos por el fraude contable, con 20%; la conducta empresarial inapropiada, con 19%; fraude en el proceso de compras, con 16%; fraude de recursos humanos, 13%; uso indebido de información privilegiada, con 12%; lavado de dinero, con 6%; robo de propiedad intelectual, 4%; infracción de leyes de competencia, 3%, y fraude fiscal con apenas 2%, mientras que otras categorías alcanzaron una tasa de 8 por ciento. La muestra global se realizó a 7,228 altos directivos en 123 países. TRABAJADORES, USUALES AUTORES Por otro lado, PwC indicó que pese a que los actores internos, es decir, trabajadores de las empresas, continúan siendo más proclives a cometer fraude, los actores externos han empezado a tomar una mayor relevancia. En el 2016, de los delitos económicos que había en las empresas, 64% los realizaban sus propios trabajadores. En el último año la tasa bajó a 63%; sin embargo, sigue estando por arriba del promedio global de 52 por ciento. Hace dos años, los actores externos eran los que cometían 25% de los crímenes, el año pasado son responsables de 32% de ellos, por debajo del promedio mundial de 40 por ciento. “Los encuestados reportaron que los principales actores externos de fraudes y otros delitos económicos fueron los hackers (27%), seguidos del crimen organizado (23%), los clientes (20%) y los proveedores (20%)”, abundó. TECNOLOGÍA, ALIADA Por otro lado, la encuesta mencionó que aunque la tecnología es una herramienta utilizada hoy en día por los criminales para perpetrar sus acciones, es también una aliada de las organizaciones para luchar contra este tipo de delitos. “El rápido avance de la tecnología y el sigiloso crecimiento del fraude están creando un doble desafío para todas las organizaciones: 1) encontrar el punto óptimo entre efectividad y costo y 2) no ser superadas por los defraudadores que también cuentan con herramientas sofisticadas para atacar”, agregó. Sin embargo, las empresas no sólo deberían invertir en tecnología, sino cuidar también el factor humano, sobre todo por la alta tasa de delitos cometidos por actores internos a las organizaciones. “La tecnología no lo es todo, ya que las decisiones para delinquir recaen en personas. El fraude interno se ha consolidado como el más frecuente en las empresas, lo que nos indica claramente dónde debemos poner más énfasis”, aseveró. DINERO DELICTIVO Sólo 9% de las empresas evalúa riesgos a lavado de dinero En México, sólo nueve de cada 100 empresas realizan una evaluación de riesgos enfocada al lavado de dinero, precisó PwC en su Encuesta de Delitos Económicos 2018. De acuerdo con la firma, sólo 9% de las empresas realizan esta evaluación, algo alarmante debido al impacto y el costo que tiene. En el 2016, este crimen incidía en apenas 1% de las empresas, un año después está presente en 6 por ciento. “El fraude, como los demás delitos económicos, tiene una derivación social más dañina en el lavado de dinero, uno de los crímenes financieros que erosiona a la sociedad (...) El dinero delictivo en efectivo colocado es estratificado en el sistema financiero para favorecer el financiamiento de actividades como el Terrorismo y el Crimen Organizado en sus expresiones más extremas, mediante complejas transacciones financieras soportadas por opacas redes de corrupción para crear la percepción de legitimidad”, explicó el estudio. Agregó que de las empresas encuestadas, 30% sabe que el negocio central de sus organizaciones está relacionado con ciertas actividades vulnerables para efectos de lavado de dinero, mientras que 61% de ellas no tiene conocimiento de esto y sólo 9% asegura no estar relacionadas a actividades vulnerables. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las actividades vulnerables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son: desarrollo inmobiliario; juegos y sorteos; tarjetas de crédito y de servicios; tarjetas de prepago y cupones; tarjetas de devolución y recompensas; cheques de viajero; mutuo, préstamo o crédito; blindaje; inmuebles; metales y joyas; obras de arte; vehículos; traslado o custodia de valores; servicios profesionales; donativos; comercio exterior, y arrendamiento de inmuebles. PwC recordó que en la última evaluación del GAFI, éste reconoció que en México se está luchando para combatir el lavado de dinero, pero el delito sigue sin ser perseguido de manera proactiva, por lo cual recomendó a las empresas buscar los mejores mecanismos para identificar los riesgos. -- EL ECONOMISTA