El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció al ex encargado de la entonces Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por haber retirado en forma presuntamente ilegal la acusación contra Alejandro Gutiérrez por desvíos de 250 millones al PRI. Se trata de dos denuncias que presentó esta mañana en la Fiscalía General de la República, una penal por delitos contra la administración de la justicia y otra administrativa por violaciones a los derechos humanos y leyes federales, en perjuicio de una entidad federativa, en contra de 6 funcionarios y ex servidores públicos de la dependencia. "Las dos denuncias tienen que ver con toda esa operación que fraguó la PGR anterior con jueces federales y abogados del ex secretario General del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para ser exonerados en el ámbito federal", dijo Corral. "Toda vez que planearon atraer el caso al ámbito federal y luego se desistieron 5 agentes del Ministerio Público Federal de todos y cada uno de los cargos que la Fiscalía del Estado había imputado con elementos probatorios suficientes, documentos y testimonios", dijo Corral. Además de Elías, los denunciados son Gilberto Higuera Bernal, ex subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; y Armando del Río Leal, ex delegado de la entonces PGR en la Ciudad de México. También Grisel Esmeralda Navarro González, Anaid Estrada Sánchez y Diana Lorena Esteban Salinas, las agentes del Ministerio Público Federal que en una audiencia judicial se desistieron de la acusación contra Gutiérrez, el ex secretario general adjunto del CEN del PRI. Los delitos contra la administración de la justicia que les imputan son abstenerse injustificadamente de ejercer la acción penal contra una persona que está detenida y a su disposición y obstaculizar la investigación del hecho delictuoso y favorecer que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, previstos en el artículo 225, fracciones IX y XXXII del Código Penal Federal. Las conductas administrativas que les atribuyen son violaciones a los derechos humanos y la comisión de infracciones a la Constitución o leyes federales que causen perjuicios graves a los estados, establecidos en el artículo 7, fracciones III, VI y VII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La "operación" que señaló Corral inició el 16 de febrero de 2018 cuando el juez federal Gerardo Moreno García determinó atraer el caso de los 250 millones presuntamente desviados al PRI, proceso que hasta ese momento era instruido por la justicia del Estado de Chihuahua. Una vez que el caso pasó del fuero común al federal, en una audiencia celebrada el 31 de agosto siguiente, la PGR solicitó el desechamiento y cancelación del proceso en favor de Gutiérrez y dos de sus presuntos cómplices, alegando que carecía de los datos de prueba suficientes para presentar una acusación. En esa misma audiencia, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia canceló el proceso y dio por cerrado el caso. -- Reforma