Las organizaciones Impunidad Cero y Causa Justa presentaron ayer 14 denuncias penales en contra de siete entidades del País por presuntos desvíos millonarios en el manejo de recursos del Seguro Popular y del Fondo de Salud. Las denuncias, formuladas ante la Procuraduría General de la República (PGR), están basadas en las irregularidades reportadas por la ASF en la revisión de las cuentas públicas de 2012 a 2016. Los estados involucrados son Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, cuyo daño a la Hacienda Pública habría sido cometido por los titulares de las secretarías de Hacienda y Salud, así como los distintos funcionarios implicados en el manejo de los recursos. "Las denuncias buscan que la Procuraduría General de la República lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos de corrupción cometidos por el mal uso de recursos públicos. "Se trata de recursos que la Federación entregó a los estados para el programa de Seguro Popular y a través del FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud), y que estaban etiquetados para prestar servicios de salud a la población -en especial a la de bajos recursos económicos-", indicaron las organizaciones en un comunicado. Entre las irregularidades denunciadas, señalaron, se encuentran pagos de sueldos a personas que no laboraban en las unidades médicas, así como a personal en comisiones sindicales o con licencia. Por ejemplo, en el Estado de México, se autorizaron pagos al personal por arriba del tope permitido por un monto de mil 549 millones de pesos, con cargo a recursos del Seguro Popular. En esta misma entidad se efectuaron pagos por 322 millones de pesos sin que existiera documentación comprobatoria de los bienes o servicios adquiridos. En Chiapas, se hicieron transferencias por 95 millones de pesos a otras cuentas del Estado y se retuvo 466 millones de pesos por concepto de ISR que no fue enterado al SAT. "El uso de recursos destinados a la prestación del servicio de salud para cualquier otro fin constituye una violación directa al derecho a la salud. "Lamentablemente, los mecanismos de transparencia y acceso a la información resultan insuficientes para dar seguimiento a estas irregularidades. Mientras haya opacidad en la administración de los recursos del Seguro Popular y no se apliquen las sanciones correspondientes, prevalecerá la impunidad", advirtieron las organizaciones. Las denuncias fueron presentadas por Luis Manuel Pérez de Acha, presidente de Causa Justa, y Federico Reyes Heroles, presidente de Impunidad Cero, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR. -- Reforma