Tan pronto se supo de la incursión de vehículos de Pemex custodiados por elementos del ejército en la comunidad de San Pedro, municipio de San Antonio y posteriormente en territorio de Tanlajás, las voces de desaprobación social no se hicieron esperar. Rogel del Rosal asesor de la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina aseguró que el actual gobierno federal oferta 38 mil hectáreas de 18 municipios de la Huasteca potosina para extraer hidrocarburos con la técnica del fracking. “La demanda principal de las comunidades de la región huasteca es que se cancele cualquier actividad que se quiera realizar al interior de la región, relacionadas con las exploración y extracción de hidrocarburos, y es mas de cualquier práctica de fracking”, puntualizó. Señaló que la Asociación de Comunidades de diversos municipios y organizaciones indígenas no darán consentimiento para que las empresas vengan a taladrar sus suelos para sacar hidrocarburos, pues ello provocaría la contaminación de ríos, arroyos, manantiales, lagunas, tierra y aire, por lo que se pide que Pemex saque sus vehículos y equipo de la zona para evitar esta explotación. El problema es que la amenaza de la fracturación hidráulica (fracking) para extraer gas y petróleo, por cada pozo, implica la perforación de 2 a 5  kilómetros de forma vertical  y posteriormente de forma horizontal en diversas direcciones de hasta 1.5 kilómetros de longitud con la inyección de una mezcla de millones de litros de agua y decenas de toneladas de veneno o químicos y área, las cuales traerían consigo una devastación terrible en la región. A 4 años que termine su gestión, el gobierno federal quiere entregar los recursos del subsuelo, a costa de la destrucción del hábitat, por lo que para el líder social, refleja abierta contradicción con lo que se había anunciado en días recientes en el sentido de que el proceso de licitaciones se suspendería hasta 2019. Por lo que exigieron la cancelación de estas licitaciones, mientras que al gobierno estatal, al Congreso y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el Instituto para el Desarrollo de los pueblos indígenas  tomen cartas en el asunto para las instancias federales no intervengan el suelo si no cuentan con una autorización de las comunidades indígenas.