En 1968 Henri Lefebvre, interesado en combatir e inconformarse de los efectos del capitalismo rampante que hacía mella en Europa en las ciudades y que causaba problemas para el hábitat, porque había una movilidad y una constante modificación de edificios y de modo de vivir, habló y escribió un libro del "El Derecho a la Ciudad". Este derecho es uno de los principios fundamentales que tiene está Ley y significa el derecho que tenemos todos de contar con un igualdad de oportunidades de acceso, de habitación, de movilidad, de bienestar dentro de una comunidad, dentro de una urbe como le llaman precisamente en esta Ley y como le llama otro documento internacional desde 2004 que se llama "Carta Mundial de Derecho a la Ciudad". Urbes no tiene que ver nada más con las grandes ciudades se habla de capitales de cualquier tipo de municipio. Esto es, que será aplicable esta Ley a cada uno de los Municipios del Estado. Esto conlleva una serie de cuestiones que tiene que ver con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado que abroga la vigente Ley de Desarrollo Urbano del Estado, a fin de fortalecer la legislación urbana y los sistemas de gobernanza con disposiciones que proporcionen seguridad y estabilidad. Los procesos de urbanización debemos cuidarlo más que nunca, estamos viviendo accidentes derivados de los desastres naturales pero sobre todo de la falta de cuidado, de la autorización descuidada o corrupta por parte de autoridades municipales de todo el país, no es cuestión privativa de alguien, la corrupción también está haciendo mella en todo esto. Esta Ley viene a ser una esperanza, la Carta Mundial precisamente suscrita por México establece que toda la normatividad deberá hacerse con consulta pública que no es nada más invitar a constructores, miembros de colegios o grupos de interés y a expertos, sino que hay que invitar a la ciudadanía; para los Centros de Población y los Planes de Centro de Población como es el caso de San Luis Potosí y Soledad tienen que ser consultados y si no lo fueran también son cuestiones que son nulas de pleno derecho, son ordenamientos que no sirven porque no respetan esa voluntariedad, esa inclusión social. Esta Ley dice la exposición de motivos impulsa nuevas condiciones de gobernanza y coordinación entre los distintos órganos de gobierno y aquí empiezan los problemas, regula el control, vigilancia, autorización y regularización de las acciones urbanísticas entendidas estas como los fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y modificaciones de los inmuebles, así como de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio. Esto es correcto, nada más que hay una serie de atribuciones que constitucionalmente le corresponden a los municipios y supuestamente en esta Ley "se le dan" pero no es tanto que se le den sino que se le reconozcan sus atribuciones. Pero no se le respetan porque hay contradicciones graves en la hechura de la Ley, en el diseño de atribuciones y en el encargo de estas atribuciones, donde los Municipios realmente nada más están obedeciendo lo que dice una Ley estatal y lo que va a decidir una autoridad estatal que se llama Secretaría de de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, esto es una de las cosas malas, lo que va a generar problemas, pueden derivarse de ahí amparos y controversias constitucionales. Sin embargo también hay cosas buenas en la Ley, se crea una Procuraduría Urbana que dice la Ley va a acompañar, asesorar y apoyar a cualquier vecino a cualquier particular o corporación que planteé inconformidades, dudas, impugnaciones para cualquier autorización que se dé y que le esté afectando. Para cualquier fraccionamiento que se creé de manera anómala, es decir todo lo que afecta a nuestra urbanización, a las salidas del agua, a la movilidad, este es otro tema que trae la Ley y que vale mucho la pena, la Ley debe de continuar pero debe de ser modificada en donde se lastiman las atribuciones jerárquicas y autonómicas de los municipios.