En San Luis Potosí están registradas 130 empresas de seguridad privada ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que representan el l0 por ciento de las que hay a nivel nacional, sin embargo el 94.7 por ciento de estas compañías no cuentan con elementos armados y en total solo hay 768 guardias de seguridad privada que portan armas en todo el estado, de acuerdo a información de la SSPE, obtenida vía transparencia. Del total de empresas, solo el 65 por ciento son regulares, otro 24 por ciento más son empresas que recibieron el número de autorización, pero no se tiene información alguna de ellas; 15 por ciento del total no han efectuado el refrendo anual y 3 por ciento ya tienen su autorización inicial vencida. También se tiene a 24 empresas en proceso de investigación, debido a que no se cuenta con información sobre cómo están operando. El experto en seguridad Francisco Salazar Soni dijo que este tipo de empresas deberían ser auxiliares de las corporaciones de seguridad pública, para coadyuvar en el combate a delitos cometidos al interior de empresas o instituciones y otorgar estadísticas de incidencia delictiva a las autoridades, tal como ocurre en países de Europa, en donde los policías privados son los primeros respondientes, sin embargo, en México no ocurre así. PROLIFERAN EMPRESAS DE SEGURIDAD “PATITO” Salazar Soni señaló que hay muchas empresas de seguridad privada que ni siquiera cuentan con un registro ante la Secretaría de Gobernación (Segob) o ante la SSPE; mientras que las que sí están registradas no son verificadas por la autoridad y por tanto ocurre que se contratan a elementos de seguridad que fueron destituidos de corporaciones policiacas por actos de corrupción y a elementos que no están capacitados adecuadamente. Las capacitaciones de los elementos de seguridad privada deberían estar a cargo de las Secretarías de Seguridad Pública, a través de las Academias de Policías, sin embargo, en la práctica, de acuerdo al experto, las capacitaciones “son una verdadera vacilada” y tampoco se les aplican exámenes de control de confianza. POLICÍA SE PASÓ DE LARGO EN ASALTO A JOYERÍA La semana pasada se suscitó un asalto en una joyería al interior de la Plaza de la Mujer, en el Centro Histórico y tras el suceso se difundió un video de una cámara de seguridad, que muestra cómo un elemento de seguridad privada pasa justo detrás de los asaltantes y decide no intervenir y seguirse de largo. El experto en seguridad corporativa, Heladio Tristán Tristán, consideró que este comportamiento se debió a que la mayoría de los policías de seguridad privada no tienen armas de fuego, únicamente cuentan con un tolete y un radio para atender robos muy menores, aunado a que tampoco tienen capacitación, lo que genera que no actúen ante asaltos violentos, de lo contrario podrían salir malheridos. POLICÍAS “PATITO” SON MÁS BARATOS De acuerdo a cifras otorgadas por los propios expertos, contratar a un elemento de seguridad privada puede costar hasta 20 mil o 25 mil pesos mensuales, si se desea que éste porte arma de fuego, sin embargo, las empresas que no cuentan con permisos para la portación de armamento pueden cobrar entre 5 mil y 6 mil pesos por elemento, por lo que muchas empresas deciden irse por la opción más barata, aunque esto represente mayor vulnerabilidad frente a la delincuencia. El presidente del Parque Industrial Fundidores, Héctor D’Argence Villegas, dijo que por ejemplo, dicho parque gasta 300 mil pesos mensuales en seguridad privada, cifra que es erogada por las 60 empresas ahí instaladas, lo cual consideró es un gasto que no debería de ser, dado que es obligación de las autoridades en materia de seguridad pública el prestar este servicio de manera adecuada y entonces ese recurso erogado podría destinarse al crecimiento de las empresas y la generación de empleos. En los últimos 6 años, a raíz del incremento de los índices delictivos en San Luis Potosí y a nivel nacional, se ha incrementado la cifra de empresas dedicadas al rubro de seguridad privada y aunque existen legislaciones encargadas de regularlas, actualmente estas normativas no se aplican y muchas de estas empresas mandan a elementos poco preparados y desarmados a arriesgar sus vidas, ante la creciente ola de violencia que vive el país.