Una vez que arrancaron las etapas de precampañas en donde los que busquen las candidaturas de sus respectivos partidos pueden “placearse”, ayer se volvieron a mostrar previos de lo que se vendrá en próximas fechas para el escenario político potosino. Por una parte, el registro de Octavio Pedroza también a la contienda para ungir candidato por parte de la militancia blanquiazul rumbo a la silla de Juan Manuel Carreras. La declinación del diputado Rolando Hervert, quien prefiere guardar su mermada salud por el Covid a arriesgarse en el esfuerzo de lo que implica una candidatura. Y la propuesta firme de la dirigencia local de Morena: “¡No ir con el Partido Verde en San Luis Potosí!” La sentencia es tajante por parte de los morenistas potosinos. El desprestigio en el que se ha visto envuelto el partido del tucán en la entidad, así como los perfiles que ha presentado en los últimos años, ha sido motivo suficiente para el rechazo de esta alianza electoral. Sergio Serrano, su presidente local o Leonel Serrato, quien ya ha levantado la mano para competir por la candidatura, han manifestado su rechazo total a esta unión.  Y las razones deben ser sencillas de entender. El presidente López Obrador ha dejado claro su postura frente a escándalos de corrupción: rechazarlos y, si la gravedad lo amerita, castigarlos. Lo que se vivió ayer por la noche en el CEEPAC debe ser un aviso para la dirigencia nacional morenista: ¡el rechazo es absoluto!. Los roces entre morenistas locales y nacionales fueron evidentes. El sistema de justicia local tiene también que responder.  La organización “Impunidad Cero” evidenció las fallas gravísimas en nuestro sistema, que dio a conocer la vergonzosa posición en la que San Luis se encuentra en absolver a personas acusadas de homicidios dolosos: 1er lugar nacional, de un estudio que se hizo sobre 26 entidades. De un total de 80 sentencias emitidas en 2019 por este delito, 45% -36- de ellas fueron absolutorias y solo el resto condenatorias. Lo anterior no se debe a una inocencia en los acusados, si no a una total y desatinada investigación desde cometido el delito por parte del Ministerio Publico hasta la “falta de pruebas” que alegan los Jueces para emitir condenas que palien en algo el sufrimiento familiar. Dicho estudio termina colocando a la entidad en un desprestigiado 13º lugar de impunidad al no castigar estos delitos.

La justicia también debe responder… Hasta mañana…