La cuarta transformación avanza repitiendo la premisa de que es necesario destruir de tajo todo vestigio de institucionalidad que por décadas costo esfuerzo para la sociedad. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la estructura de las estancias infantiles, ProMéxico, PROSPERA y recientemente el Instituto Nacional del Emprendedor son ejemplos de la línea de extinción que el gobierno federal ha generado bajo el argumento – en solitario – del combate a la corrupción.

Hace algunos días en Chihuahua, el presidente anunció el turno del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Un organismo encargado, no solo de la logística y técnica de la construcción de escuelas, sino además de salvaguardar la integridad de las familias, alumnos y profesores al emitir los lineamientos de operación para evitar zonas de riesgo o bien, criterios específicos de calidad de los materiales de construcción.

La inminente desaparición de este organismo, plantea que los recursos de esta dependencia serán transferidos de manera directa a las escuelas a través de un comité certificado conformado por familias, maestros y estudiantes desde cuarto grado de primaria. Ante este mecanismo de gasto público, me parece pertinente abordar algunas consideraciones.

Primero, el anuncio de la creación de los llamados Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) con base a un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Un indicador de que la educación sigue siendo moneda de cambio para las cúpulas sindicales dejando claro que no está a discusión de la opinión pública. Segundo, los recursos financieros. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el INIFED ejercerá en este año 800 millones de pesos, el cual representa una reducción del 44% con respecto al año 2018. Si proyectamos el idealismo político de “igualdad” que ejecuta el gobierno federal, hablamos de entregar poco más de 3 mil pesos a las 246 mil escuelas de educación básica en este año. ¿Es suficiente para garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en cuanto al espacio físico? Parece que no. Tendría que hacerse de forma escalonada y progresiva alineado a los principios de la “nueva escuela mexicana”. La gran pregunta es ¿por donde empezar y cuáles serían los criterios de elección de una escuela sobre otra? Tercero, el transferir una responsabilidad gubernamental a las familias conlleva pasos previos que deberían considerarse. Tal es el caso de capacitación para las y los integrantes de los CEAP. Esto implica una nueva tarea administrativa y burocrática para los maestros en cada escuela que, como ya vivimos con otros programas, tendrán que sortear con sus implicaciones y limitantes contextuales. La gran pregunta es ¿Quién será responsable ante una eventualidad que implique los materiales o bien las fallas estructurales de las construcciones? Todos hablan de recursos directos a las escuelas, pero más allá de lo que significa ejecutarlo, ¿quién respaldará las decisiones del CEAP? Cuarto, el cambio gradual de percepción de las familias hacia las necesidades financieras de la escuela. Recordemos que más del 90% del presupuesto educativo se va en gasto corriente y el resto es lo que se utiliza para el desarrollo de infraestructura, materiales didácticos y mantenimiento escolar. Si bien, durante décadas se ha insistido en que cada escuela cuente con un presupuesto pertinente y suficiente, esto no ha sido (ni será) posible mientras cambiemos el paradigma de que las aportaciones que hacen las familias son anticonstitucionales. Si, en teoría, las escuelas recibirán un presupuesto desde el gobierno federal, la lógica nos indicaría que las aportaciones voluntarias de las familias a cada escuela, ¿deberían disminuir gradualmente hasta desaparecer? Un tiro muy largo de considerar, sin embargo la realidad marca la pauta.   A esto le sumamos que las cuotas voluntarias en escuelas públicas han funcionado como un indicador de calidad para las familias. A mayor cuota, mejor educación. ¿Estarán dispuestas muchas escuelas a aceptar un esquema de igualación con este mecanismo de entrega de recursos? Me parece que no, incrementando justo lo contrario, mayor desigualdad.

Sin duda, las consecuencias de cambiar el status quo de nuestra realidad, no es tarea fácil. Entonces, ¿por qué no hacerlo progresivo? ¿Por qué no evaluar al instituto y mejorar sus procesos? ¿Por qué no capacitar a los estudiantes y familias en educación financiera? ¿Por qué no implementar estrategias que involucren a otros organismos que brinden asesoría puntual sobre estos temas?

Los extremos nunca han dado buenos dividendos. Colocar la ocurrencia por encima de la evidencia acrecentará las expectativas de un programa, como ya estamos viendo otros, sin escalamiento operativo, financiamientos gradual, estrategias de seguimiento y evaluación, provocando huecos difíciles de contener en terreno.

Lo de hoy para el gobierno federal es desaparecer instituciones, sin ninguna alternativa coherente de reingeniería. Sin diagnósticos para entender qué sirve y debe ser mejorado, qué modificar o simplemente eliminar. Tal parece que si fuera su voluntad, no dejaría ni una coma del pasado. El gran reto será demostrar, con evidencia, que esta forma de decidir e implementar sus programas son mejores de lo que había antes.

- - - - - * Director General de Sembrando Horizontes A.C.

Twitter: @FhernandOziel Facebook: Fhercho Cruz Sembrando Horizontes A.C. (2018) Es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en el estado de San Luis Potosí a través de investigación aplicada, activación ciudadana y el impulso de proyectos educativos innovadores.

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