A un día de que se cumpla el plazo para la publicación de las leyes secundarias por parte del poder legislativo, no existe una claridad en los mecanismos para la discusión de los dictámenes por parte de los representantes de la ciudadanía. En este escenario, queda claro que los esfuerzos de muchas personas que asistimos al llamado para sumar propuestas a lo largo de estos 119 días, han sido sepultados por la nula voluntad de las y los legisladores para hacer su trabajo. Nuevamente, somos testigos del gatopardismo educativo. En paralelo, resulta aún más complicado observar con tristeza e impotencia la iniciativa de presupuesto para el próximo año en materia educativa. Si bien, no existe la capacidad para aterrizar los programas, mecanismos y estrategias para hacer realidad lo plasmado en el artículo tercero constitucional, esto se relaciona con los recortes programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. Según los términos, la propuesta contradice la reforma educativa. Por ejemplo disminuye el presupuesto para expandir el nivel medio superior en más del 85%; en relación al programa de la enseñanza del inglés en más del 45% y, algo que ha venido ocurriendo los dos últimos años, el programa de formación profesional docentes se recorta en más del 6%. Para el caso de las Escuelas Normales el panorama no es nada alentador. Aun cuando se encuentran en un proceso de introspección para generar propuestas que encaminen a una refundación con base en el profesionalismo y la vocación docente a través del Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de la Educación Normal, de aprobarse en los términos publicados su presupuesto se vería reducido en 20%, el más bajo desde la creación de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE). Si los maestros son agentes de transformación social ¿No deberíamos apostar por mejores instituciones formadores de docentes? En otros terrenos, la política de austeridad del gobierno federal limitan la aplicación de evaluaciones para medir la calidad – ahora excelencia – del sistema educativo. El recorte se aplica al 23%. El tener fotografías de un momento específico de los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes (NNJ) del país es vital para tomar mejoras decisiones en los ajustes que toda reforma requiere. Esto se suma a los cambios en la aplicación de la prueba del Plan Nacional de los Aprendizajes (PLANEA) lo que nos deja muy mal parados en la continuidad de las evaluaciones para comprender de mejor manera donde cambiar o invertir. Estos son apenas rubros que asoman lo que viene, una simulación expansiva y uniforme desde el gobierno federal. Lo cual deja, como siempre, a las comunidades escolares, sus maestros, alumnos y familias, en la disyuntiva de arreglárselas desde sus trincheras. El contar con evidencia, con datos que sean evaluables a través del tiempo, nos permitarán avanzar con seguridad hacia la transformación de las comunidades escolares. Esto acercaría a las familias para reconocer como están sus escuelas y tener un punto de partida firme ante la idea de que el sector privado es mejor, lo cual es falso. Es claro que los programas sociales acaparan todo el presupuesto, pero de qué sirve tener el poder adquisitivo, si lo que encontraremos en las Universidades Benito Juárez no cumplen con estándares de calidad, el Internet para Todos se vuelve inoperante, las becas universales llegan a normalizar el mínimo esfuerzo de los estudiantes y el programa la Escuela es Nuestra se convierte en una ventana a la corrupción en el manejo de recursos públicos. Es decir, el dinero no es sinónimo de bienestar por que no tendremos mejores servicios al mejor precio que nos permitan decidir con libertad. Al contrario, podría llevarnos a estandarizar la mediocridad en aras de un bienestar social que no genera riqueza intelectual y de propiedad privada. Espero equivocarme. - - - - - * Normalista. Consultor. Director de Sembrando Horizontes A.C.

Twitter: @FhernandOziel Facebook: Fhercho Cruz Sembrando Horizontes A.C. (2018) Es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en el estado de San Luis Potosí a través de investigación aplicada, activación ciudadana y el impulso de proyectos educativos innovadores.

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