México requiere un ente que regule y coordine a las entidades públicas, las industrias y trabaje con otros países en materia de ciberseguridad, así como leyes más duras y que den seguimiento a los casos, sobre todo en materia de fraudes de comercio en línea. De acuerdo con Roberto Hernández, presidente de ISACA Capítulo Ciudad de México, dicho ente podría ser una Agencia Nacional de Ciberseguridad, figura que ya se contemplaba en la estrategia digital de la administración anterior. Esto porque México es uno de los blancos preferidos de los cibercriminales: ocupa el lugar número uno de América Latina en ataques de phishing. A lo que se añade una cultura de protección mínima, ya que sólo 6.0% de las pequeñas y medianas empresas tienen infraestructura y políticas de protección de datos de nivel alto. Sin duda alguna se requiere por default, y que no coordine nada más a las entidades gubernamentales, sino sectores como telecomunicaciones o bancario, que son los más propensos a ataques. En la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se hablaba de una coordinación de ese tipo, ya se había previsto, ahora falta que se lleve a cabo”, resaltó durante la presentación del foro Infosecurity México 2019, que se celebrará el 22 y 23 de mayo. La creación de este ente vuelve a ser relevante porque el grupo parlamentario de Morena en el Senado propuso una iniciativa de decreto para crear una Ley de Seguridad Informática, la cual agruparía los delitos en esta materia. EN MÉXICO NO SE PERSIGUE EL FRAUDE EN LÍNEA POR: Los procesos de denuncia son demasiado largos y complicados.

Se debe levantar un acta en el Ministerio Público por cada transacción fraudulenta.

El proceso de investigación puede tomar hasta tres años en resolverse.

Las denuncias generan mala publicidad para la industria, aumentando la desconfianza del canal.

Los afectados prefieren absorber la pérdida en lugar de invertir tiempo y recursos económicos.

El bajo índice de denuncias fomenta la impunidad en el país. -- Dinero en Imagen