Las mujeres en México hemos sido utilizadas políticamente, ¿en qué momento el PRI que nos gobernó por 60 años y luego el PAN, le vieron el capital político a las mujeres? ¿En qué momento tomaron de pretexto las recomendaciones de los organismos internacionales para destinar recursos que se pudieran desviar a sus campañas políticas? ¿En qué momento la violencia que padecemos no era una prioridad resolver? Se crearon programas que no han dado resultados, unos dependientes del INDESOL, otros de INMUJERES, otros de la Secretaría de Gobernación. Los programas que se crearon, algunos desde hace 25 años, otros hace 15, debían erradicar las brechas de desigualdades entre hombres y mujeres, cumplir con los acuerdos firmados por México en la ONU, hacer cambios en la legislación fue de los primeros pasos, porque desde que se firmó la Convención Belem Do Pará en 1995 era indispensable hacer las reformas necesarias para consolidar los acuerdos que advertían la vinculación entre violencia contra las mujeres y discriminación. Desde hace años las organizaciones de la sociedad civil han estado señalando que los programas del gobierno federal destinados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no han cumplido su cometido, empezaron a señalar la forma en cómo eran electas las personas encargadas de dirigir dichos programas, no sólo a nivel federal si no en los estados. Denunciaron el desvió de fondos a campañas electorales de los recursos destinados a hacer funcionar los programas, evidenciaron que los programas no estaban funcionando, ni siquiera la Alerta de Violencia de Género. Por ejemplo hace seis años el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio  denunció el crecimiento de los feminicidios, y en los últimos meses ha advertido que el Mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres la Alerta de Violencia de Género no ha funcionado, asimismo en 2015 se denunció públicamente por activistas del sureste del país que las instancias de las mujeres en las entidades se habían utilizado para darle empleo a mujeres que no reunían el perfil para ocupar la responsabilidad de construir políticas públicas a favor de las mujeres.  El movimiento feminista en México empujó muy fuerte para que el gobierno federal y luego los estados hicieran posible implementar programas para atender las necesidades urgentes que las mujeres necesitábamos, sobre todo en lo relativo a la prevención, atención y erradicación de la violencia.   Es gracias a los movimientos feministas que en 2003 y 2004 tenemos estos programas con presupuestos federales, se discutió en la Cámara de Diputados con la propuesta inicial de que los estados directamente los ejercieran, situación que se fue modificando con los años, hasta llegar a que todos los recursos para acciones en favor de la no violencia contra las mujeres estén en una bolsa federal, repartido en varias dependencias como son Gobernación, INMUJERES, INDESOL, SALUD, quedando como programas porque se trata de acciones afirmativas, es decir medidas temporales hasta en tanto disminuyan las brechas de desigualdad. La equidad esperada en la aplicación de los programas no ha dado resultados, era indispensable trabajar más con las entidades que más lo necesitaran y lo que se hizo fueron “trampas financieras” para “concursar” fondos económicos de acuerdo a la capacidad de elaboración de proyectos de los gobiernos estatales en coordinación con algunas organizaciones de la sociedad civil.  En San Luis Potosí, se denunció previo a varias campañas electorales que se ampliaban los recursos provenientes de los programas tales como “Programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas” (PAIMEF), o el “Programa de Coinversión Social”, de INDESOL, o del “Programa de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres”, del INMUJERES, o del Consejo Nacional para Prevenir y Erradica la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) con su política pública más solicitada por las entidades que son los fondos para la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, además del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) para los municipios. De todo el trabajo realizado por activistas y feministas, entre ellas la antropóloga Marcela Lagarde, que siendo diputada federal en 2003 llevó el tema a la Cámara de Diputados para que en los presupuestos federales y estatales hubiera recursos para trabajar en pro de las acciones afirmativas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, hoy se ha diluido en medio de la ambición partidista de quienes gobiernan y eso es lo que deben observar en el Congreso de la Unión, para que los recursos se apliquen directamente en entidades que lo requieran. Las mujeres somos aún un botín político, nos utilizan en sus discursos como una manera de ser políticamente correctos al hablar de derechos humanos de las mujeres, de igualdad, de no sexismo. En la práctica diaria no es así. Si por el número de Centros de Justicia para las Mujeres con que contamos por ejemplo, nos evaluaran los resultados de atención a la violencia contra las mujeres, fuéramos el estado que menos feminicidios y violencia contra mujeres deberíamos tener en San Luis Potosí.