Tal como GlobalMedia lo dio a conocer hace varias semanas, San Luis tendrá las elecciones más caras de su historia, a pesar de tratarse de una elección intermedia, es decir, aquella donde no se tiene elección a gobernador. El viernes pasado el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó su proyecto de presupuesto de egresos para 2018. En total, pide a la Secretaría de Finanzas 343 millones 845 mil 321.98 pesos.  El presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, prevé varios rubros, entre el que destaca las prerrogativas a partidos políticos y candidaturas independientes por la cantidad de 133 millones 475 mil 899.54 pesos que representan el 38.82 por ciento del total del presupuesto. GlobalMedia había estimado un gasto en partidos de 127 millones, pero la cantidad presupuestada por el Ceepac resultó más alta. La cifra para partidos políticos es mayor además a la de 2015, cuando también se eligió gobernador. Consejeros del Ceepac creían que el presupuesto para partidos podría ser menor al de 2015 o por lo menos igual, porque cuando se tiene elección a gobernador la ley obliga a entregar más recursos para campañas políticas, pero no será así. Los partidos costarán como nunca en la historia. Ademas, para el proceso electoral el proyecto de presupuesto señala una cantidad de 71 millones 207 mil pesos y gasto ordinario del Ceepac por la cantidad de 66 millones 675 mil 277.56 que representan el 19.39 por ciento del total del presupuesto. El presupuesto para este 2018, también incluye 72 millones 487 mil pesos que representan el 21.08 por ciento del presupuesto y que corresponden a los gastos que se generarán del convenio con el INE. Esta última cifra ha llamado mucho la atención, porque en el Presupuesto 2015 no se consideró y se desconoce en qué rubros se gastarán estos recursos, que son bastante elevados. Tampoco se sabe si este dinero debe ser aportado por el Estado o por la federación.  A nivel local poco se ha hablado de la posibilidad de que los partidos renuncien a sus prerrogativas, como se sugirió a nivel nacional, pero considerando el alto nivel de gasto, la propuesta resulta más que necesaria. Gastar más de 300 millones en elecciones, cuando en 2015 el proceso electoral costó 268 millones es un exceso. En manos del Congreso y de los partidos está encontrar una salida viable y de beneficio para todos.