Si la iniciativa que propone eliminar la figura del outsourcing en México no se analiza de manera correcta, pudieran verse afectadas las inversiones ya que incluso, puede repercutir en los tratados internacionales que el país ha celebrado con otros países, advirtió el analista jurídico, Jorge Chessal Palau, quien consideró que los legisladores deberían dirigirse a la regulación en lugar de la eliminación de esta práctica.  “Si esto no se hace de una manera correcta y adecuada, puede llegar a generar condiciones complejas para la inversión en donde las condiciones que puede traer, incluso pueden repercutir en función de los tratados internacionales que tenemos celebrados con otros países porque estarían cambiando las condiciones del mercado laboral”. Consideró que el outsourcing es una figura que se ha desvirtuado, tanto por las personas que la usaron de manera indebida, como por las leyendas que se han construido en torno a ésta. Explicó que esta figura consiste en sustraer de la estructura de una empresa, algunas actividades especializadas que representan un costo por el nivel de especialidad, por los materiales, etcétera, y que por lo tanto, agregó, se contrata a una empresa distinta para que le preste este servicio. En este sentido, señaló que el outsourcing se desvirtualizó: “Se comenzó a usar figuras que representaban una especie de fraude a la ley en cuanto se establecían contratos que realmente no reflejaban la verdad jurídica de la relación que existía entre las dos empresas que contrataban, la prestadora de servicios y la empresa que recibía los recursos”. El analista jurídico expuso que por parte de los diputados federales, se han manifestado dos posturas en torno a la iniciativa que busca regular esta práctica en el país, una de éstas, puntualizó, es seguir con la figura del outsourcing, pero establecer limitaciones para que no se puedan presentar actos indebidos y por otro lado, se plantea eliminar de manera definitiva esta figura, en este sentido, consideró que de eliminarse completamente, representaría un problema para muchas empresas que tendrían que elevar sus costos finales, “porque necesitan repercutir lo que les va a costar no poder contratar esta prestación de servicios con todo lo que implica”, por lo que opinó que los legisladores deberían dirigirse a la regulación en lugar de la eliminación. Finalmente, sugirió que los legisladores deben investigar el impacto que pudiera genera la suspensión de la figura, además de los esquemas indebidos que se implementan en torno a la práctica del outsourcing, a fin de regular esta situación y a la vez, poder conservar y favorecer a las que no representan este problema.