La desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa sepultó las ambiciones políticas de más de dos, la torpeza, la indolencia con que fue abordado el caso, pasó la factura y la sigue pasando, a quienes en su momento pudieron haber hecho la diferencia sobre el destino de los 43 que faltan. Esta semana el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero informó que se ha solicitado al Poder Judicial que gire 46 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de varios municipios de Guerrero por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en un intento de que esa ola de desprestigio y exigencias de justicia no alcance al presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese mismo afán ha declarado que “se acabó la verdad histórica”, como se llamó a la versión que sobre los hechos dio el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero lo cierto es que aún ahora no hay certezas sobre lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos desde 2014, jovencitos que por decisión o por tradición buscaban ser parte de las marchas en conmemoración del 2 de octubre y cuyo pecado fue incomodar al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa, quienes los habrían entregado a manos de la delincuencia organizada, esto según las versiones de la misma autoridad. Pero ¿por qué un caso que parecía de competencia local, de las autoridades del Estado de Guerrero, marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto y persigue al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues, justo porque la diferencia ante una autoridad local impregnada por la delincuencia organizada, la pudo haber marcado el actuar inmediato por parte del gobierno Federal. Porque los padres de esos 43 estudiantes, con nombres y apellidos, siguen sin tener una respuesta de qué pasó con sus hijos, y la explicación de que fueron incinerados hasta que no quedó nada de ellos, no termina por convencerlos y mucho menos, por darles paz. El caso es emblemático por varios factores, primero porque pone en evidencia algo que ha sido un secreto a voces, en muchos municipios de este país no gobiernan los partidos políticos, sino los grupos criminales. Segundo porque es impensable que 43 jóvenes puedan desaparecer de la faz de la tierra sin dejar un rastro que seguir, o que las autoridades de procuración de justicia sean tan incompetentes, inhumanas o corruptas como para no dar con ellos, eso abre la puerta a una tremenda impunidad. Hoy se promete llevar a proceso a las autoridades involucradas de acción o de omisión, la esperanza de los padres de los 43 normalistas desparecidos radica en que con las detenciones llegue la verdad, que alguno de los que tendrán que enfrentar a la justicia ponga la pieza que falta para saber qué pasó con sus hijos, aunque a estas alturas, ninguna versión traerá paz a esas familias, las que han tenido que vivir con la incertidumbre todos estos años, a las que todos han prometido, el mismo presidente López Obrador les prometió en varias ocasiones encontrar a sus hijos, y luego, los han tratado como una molestia, a esos que han tenido que mendigar por la verdad y la justicia.  Y aunque quisiéramos pensar que sólo fue Ayotzinapa, y que las desapariciones son cosa del pasado, de los viejos gobiernos, de los “malos gobiernos” como dice el Presidente, en realidad el problema es mas fuerte de lo que quisiéramos creer, solo en 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra de personas reportadas como desaparecidas fue de 9,164, de los cuales 3,980 fueron localizadas (3,638 con vida y 342 sin vida) y 5,184 continúan en calidad de desaparecidos. Los estados que encabezan la lista en desapariciones son: Jalisco con 2,100 personas desaparecidas, Tamaulipas con 613, Chihuahua con 459, Nuevo León con 433, Puebla con 423, Guerrero con 259, Zacatecas con 212, Ciudad de México con 119, Querétaro con 86, Quintana Roo con 82, Coahuila con 77, Yucatán con 76 y Chiapas con 62 personas desaparecidas. En un país donde las desapariciones son lo común, lo raro es que haya justicia, perdón si no nos hacemos muchas ilusiones.