En las siguientes semanas el Tribunal Agrario determinará el monto que tiene que pagar el Gobierno del Estado a los comuneros de San Juan de Guadalupe por los 15 mil metros lineales de tierra, en los que se construyó el Periférico Sur, así lo dio a conocer en entrevista el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo Estatal, Ulises Valencia Gordillo. El funcionario explicó que luego de la última resolución en el caso, en la que los tribunales resolvieron que la propiedad de las tierras es de Gobierno del Estado y que este deberá pagarlas a valor comercial a los comuneros, se está en espera de que el Tribunal Colegiado haga entrega del expediente al Tribunal Agrario en San Luis Potosí, para que se abra un incidente de peritaje y se determiné el monto a pagar. Esto estaría ocurriendo en las próximas dos semanas y, si ambas partes están satisfechas con la cantidad, en un lapso no mayor a cinco días se estaría realizando el pago. Valencia Gordillo aseguró que el tema quedará resuelto antes de que concluya la siguiente administración, sin embargo, aún puede haber desacuerdos con los comuneros, ya que ellos buscan que se les pague a valor comercial actual, en tanto que lo dictaminado ya en los Tribunales es el valor comercial al momento de la expropiación. ANTECEDENTES Fue en 2012 que la comunidad de San Juan de Guadalupe denunció al Gobierno del Estado ante una instancia federal para que les fueran devueltas sus tierras, al estar construida una obra pública en los terrenos referidos, era imposible hacer devolución de estas, por lo que se ratifica que la propiedad de las tierras es del gobierno estatal. En el 2015 la comunidad demanda al gobierno estatal ante el Tribunal Agrario por el pago de los a valor comercial actual. La controversia comenzó porque la defensa del Ejecutivo Estatal buscaba finalizar el caso con el argumento de la prescripción, ya que la demanda por los hechos se presentó más de 40 años después. Sin embargo, el Tribunal Agrario desconoció esta figura por tratarse de tierras comunales, y su resolución era que el Gobierno del Estado debía otorgar el pago de las tierras al valor comercial del momento en el que se ocuparon las tierras. Fue entonces que ambas partes impugnaron ante un Tribunal Federal, que dio resolución sobre que la posesión de las tierras es del Gobierno Estatal, quien deberá pagar a la comunidad al precio comercial al momento de la expropiación de facto más su actualización.