Gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el pasado 15 de octubre, la empresa Uber podría cobrar en efectivo en San Luis Potosí, pese a que la Ley de Transporte Público del Estado lo prohíbe, ya que los ministros de la Corte consideraron inconstitucional el artículo de la Ley de Movilidad del estado de Colima que prohíbe a este tipo de plataformas hacer cobros en efectivo y este mismo criterio podría aplicarse en San Luis Potosí. En la legislación potosina, es el artículo 71, el que señala que queda prohibido que las redes de transporte, reciban pagos en efectivo, en especie, a través de tarjetas prepagadas no bancarias o sistemas de pago en tiendas de conveniencia mediante monederos electrónicos. Los ministros de la Corte consideraron que el prohibir cobros en efectivo constituye un acto de discriminación a los usuarios que no cuentan con tarjetas de crédito o débito. La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos expuso que se está limitando la posibilidad de que las personas accedan a un servicio cuando no cuentan con la posibilidad de hacer pagos con tarjeta de crédito. De igual forma, la SCJN consideró inconstitucionales los artículos de dicha ley que exigían que los vehículos contaran con ciertas características, provocando que no pudieran prestar servicio aquellos con valor inferior a los 300 mil pesos. José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Corte, expuso que se trata de un requisito “excesivo” para la prestación del transporte privado. PODRÍAN “LLOVER” AMPAROS El abogado especialista en temas de transporte, Ernesto Piña Cárdenas, mencionó que es posible que la empresa o los propios usuarios promuevan amparos en contra de la prohibición de hacer transacciones en efectivo, que aún se mantiene vigente en el caso de San Luis Potosí y tomando en cuenta el criterio de la SCJN en el caso de Colima es muy posible que ganen esos amparos. Piña Cárdenas difirió de la resolución de la SCJN y dijo que, al tratarse de plataformas que funcionan en medios electrónicos, los pagos de estos servicios deberían hacerse por los mismos medios y no en efectivo, aunque reconoció que hay personas y expertos que consideran lo contrario y señalan que no puede prohibirse el uso de efectivo al realizarse una transacción entre particulares. DIPUTADOS NO MODIFICARÁN LA LEY La resolución de la SCJN también abre la puerta para que se modifique la legislación local y se elimine el artículo que hace dicha prohibición, sin embargo, según señala Alejandra Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aún no está en la agenda del Congreso el promover una modificación de este tipo, ya que están esperando a que primero algún ciudadano promueva un amparo a nivel local en contra de esta prohibición de cobro en efectivo. La legisladora señaló que antes de hacer una modificación a la ley están buscando un acercamiento con la empresa Uber, cuyos representantes la han dejado “plantada” en varias ocasiones y comentó que la postura de los legisladores es pedirle a la empresa que se registre ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tal como lo marca la ley y posteriormente se analizaría si se pueden hacer modificaciones a la ley, que favorezcan a la empresa para la prestación del servicio, entre ellos la posibilidad de cobrar en efectivo. Aunque la diputada señala que están a la espera de que se promueva un amparo, cabe mencionar que dicho amparo no es necesario para que el Congreso proceda a modificar la ley e incluso en el caso de Colima fueron los propios diputados los que promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación que prohibía los cobros en efectivo en aquella entidad. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional Bancaria, el 57 por ciento de la población en México no tiene una cuenta bancaria, es decir que más de la mitad de la población no podría tener acceso a servicios de transporte tipo Uber, gracias a prohibiciones como las que plantea la legislación potosina.