A través de una iniciativa ciudadana, se solicitó al Congreso del Estado se agrave la pena hasta por 12 años de prisión a quienes cometan robos en planteles educativos y hospitales de la entidad; así también una sanción pecuniaria por mil 200 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 107 mil 544 pesos, "para que no alcancen fianza para llevar libres el proceso".

En la exposición de motivos refieren que en las comunidades rurales de la zona media y parte de la huasteca, los robos en escuelas de nivel básico, hospitales comunitarios, clínicas o “casas de salud”, han sufrido robos, irrumpiendo en sus instalaciones y apoderándose de bienes muebles que son de utilidad pública por el servicio que brindan a la sociedad.

Por ello, se busca garantizar que el robo cometido en hospitales y escuelas se persiga de oficio, "pues generalmente las denuncias presentadas por este delito, no prosperan en razón de que quienes las presentan, carecen de la personalidad jurídica, quedando impune el daño causado a los bienes públicos y a la sociedad".

La iniciativa propone que el artículo 217 quede de la siguiente manera:

“Cuando lo robado sean bienes de valor científico, artístico, histórico, religioso o cultural cuya preservación sea de interés social, se impondrá una pena de tres a doce años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a mil doscientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Cuando el robo sea cometido en bienes pertenecientes a una institución educativa, u hospital, se impondrá la misma pena que señala el párrafo anterior, con independencia del valor que los bienes sustraídos y se perseguirá de oficio, al ser bienes de utilidad pública”.