Muchos de nosotros consideramos que nuestra información está resguardada por el hecho de contar con una contraseña, o patrón de desbloqueo en nuestro teléfono celular o equipos de cómputo; pero nada menos alejado de la realidad. La verdad es que agencias gubernamentales en México y otros países, puede intervenir líneas telefónicas sin conocimiento, correos electrónicos y bancos de almacenamiento sin consentimiento del usuario. Este 2017, se desató un escandalo, cuando diversos defensores de derechos humanos, periodistas, y activistas anticorrupción, fueron afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano.

Entre los blancos se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, varios de los periodistas más influyentes de México, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente. Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas y distintas instancias estatales, han gastado mas de 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

Los softwares, adquiridos funcionan de manera similar, enviando un mensaje de texto o alerta a la víctima, que al darle click descarga un programa, escanea

vulnerabilidades y se infiltra en el celular o los equipos de cómputo del usuario, por lo tanto, genera acceso a llamadas, correos, archivos, mensajes y contactos. Inclusive, puede llegar a utilizar el micrófono o la cámara. Los desarrolladores del último software, NSO Group, afirma que estos programas son vendidos exclusivamente a los gobiernos para uso especifico en contra de los terroristas, cárteles de droga o criminales en general. Sin embargo, los objetivos de espionaje han sido abogados, periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso activistas.

El software no deja ningún rastro del hacker que lo uso. NSO Group asegura que es muy improbable que los cibercriminales hayan obtenido acceso, ya que el programa solo puede ser utilizado por agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.

El gobierno mexicano enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos y los ataques cibernéticos despiertan cuestionamientos legales y éticos. El marco legal aplicable en nuestro país, establece que solo un juez federal puede autorizar este tipo de vigilancia. Caso que procede solamente cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud.  En el caso de México, NSO Group, no ha reconocido que haya abuso en el uso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias.

Periodistas y activistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos cometidos contra la libertad de Expresión FEADLE. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió el expediente respecto a este caso, resaltó que el hecho de que los periodistas y defensores de derechos humanos sean espiados, es una violación directa a la libertad de expresión. Dijo también que la información que haya sido obtenida de manera ilegal, es una práctica ilícita que atenta contra las personas y sus derechos a la privacidad e intimidad.

Desde hace tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos, y activistas en México, han enfrentado peligros enormes. Han sido perseguidos, amenazados, y algunas veces incluso asesinados, simplemente por realizar su trabajo. México vive una crisis con respecto temas de libertad de expresión, el año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo.

El 2017 se perfila a ser uno de los años más oscuros para la libertad de expresión en México. La normalización de la violencia, los asesinatos de periodistas, y el espionaje, pone en riesgo el desarrollo de la joven democracia del país. Por el bien de la libertad de expresión, debemos promover medidas inmediatas para revertir esta tendencia de deterioro de este derecho; se debe de ofrecer ayuda y protección a activistas, investigadores y periodistas, reconociendo su trabajo y, cuando sea necesario, concediendo asilo a personas en situaciones de alto riesgo. El apoyo de ONG’s es indispensable para que la libertad de expresión en México sea una realidad y no solo un texto en el artículo 6 y 7 de su Constitución. *Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión y el Ejercicio Periodístico