A 10 días del asesinato y de la agresión sexual contra Mara Castilla, perpetrado por Alexis Díaz, conductor de Cabify, el Estado mexicano —a través del gobierno y el Congreso— se pronunció por concretar a la brevedad una legislación federal que regule este servicio de transporte privado. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, hizo un llamado a los gobiernos locales para llevar a cabo esta reglamentación que incluya los servicios que ofrece Uber y Cabify. “Lo que yo creo es que no puede haber un servicio que no tenga una regulación. A veces hay quienes no están de acuerdo con ello, pero sin duda deben tener una regulación”, señaló el funcionario tras participar en el 23 Congreso de la Unión Postal de la Américas, España y Portugal. Ruiz Esparza explicó que se trata de facultades locales, pero que “la SCT se sumaría con mucho gusto” a que haya una regulación nacional, en beneficios de los usuarios y de las mismas empresas que ofrecen este servicio. Integrantes de la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados ya preparan un dictamen que iría en mismo sentido, además de que senadoras exigieron más presupuesto para combatir con mayor eficacia los feminicidios y la violencia de género. Los secretarios de la comisión, Jorge López Martín (PAN), Arturo Santana (PRD) y Jonadab Martínez (MC), consideraron urgente que los partidos políticos representados en el Congreso se pongan de acuerdo para emitir una nueva legislación en la materia. Jonadab Martínez sugirió explorar medidas de seguridad como colocar cámaras con audio monitoreado por un C4 o que la aplicación para solicitar servicios de este tipo sea desarrollada por el gobierno estatal o municipal. “Creo que hay modelos, ya que podemos tomar como ejemplo, como el de Hidalgo, con su propia app o Nuevo León, con cámaras de circuito cerrado de vigilancia. Son herramientas que el usuario puede usar y le puede dar una mayor sensación de seguridad”, dijo. El panista Jorge López Martín expuso que otra medida analizada es que el Estado controle las unidades y los conductores, es decir, que exista un padrón que identifique a las empresas y a los propios operadores del servicio, y que sea también el que prevea las medidas de seguridad de los usuarios. El perredista Arturo Santana Alfaro se pronunció por una regularización más estricta a estas empresas, a fin de evitar casos como el asesinato de Mara Castilla, en Puebla. “(Se necesitan medidas) muy severas, para aquellas compañías de aplicaciones que incurran en este tipo de responsabilidades, incluso de carácter penal”, consideró. -- El Heraldo