Luego de que se aprobaran cambios en la Ley General del Transporte en San Luis Potosí; el experto en temas jurídicos, Jorge Chessal Palau, opinó que el Congreso del Estado no ha entendido la gran diferencia que existe entre los servicios de transporte privado (Uber y otras empresas) y el servicio tradicional de los taxistas. Dijo que la verdadera diferencia es que los taxistas prestan un servicio público, mientras que las empresas de transporte privado operan a través de una plataforma tecnológica, por lo que no se les puede equiparar y mucho menos darles un trato distinto, como estipulan m los cambios aprobados.   Dijo que exigir que sólo el propietario del vehículo pueda conducirlo, pase de revista de los choferes y hasta la implementación de un auto de lujo para el servicio son violaciones constitucionales.  “Me parece que mientras no entiendan la naturaleza de este tipo de empresas, vamos a seguir viendo cosas como la tontería que votaron”. Y advirtió que ante este panorama se ahuyentará la inversión foránea, pero sobre todo remarcó que al violarse con esta Ley el artículo 28 constitucional en materia de libre concurrencia, lo que provocará es que se dañe la elección de libre tránsito de los ciudadanos e incluso cualquier acto que haga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en contra de Uber podría ser reclamado por la empresa por la vía de la indemnización, una vez que los amparos prosperen en contra del Estado y tendrán que pagarse.  “Si los taxis y los vehículos de estas plataformas tienen que cumplir exactamente los mismos requsisitos… Es decir en cuanto a revista, en cuanto a una serie de elementos, pero por otro lado la carga es mayor para quienes prestan el servicio en estas plataformas como es el costo del vehículo y al mismo tiempo se les está dando un trato que establece diferencias que evidentemente hará más caro uno de los servicios”.