Los mil 445 adolescentes privados de la libertad en 45 centros de tratamiento del país viven en condiciones que les obstaculizan alcanzar la reinserción y reintegración social y familiar, advierte un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentado ayer. En 42 de los centros, detalla el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen la Ley Penal de la República Mexicana, faltan áreas para el acceso a servicios y actividades; en 35 se carece de servicios médicos; en 29 se carece de personal técnico y actividades tendentes a la reintegración social, y en 26 las condiciones de las instalaciones son inadecuadas. La CNDH formula 20 propuestas dirigidas a los gobernadores y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre las que sobresalen la necesidad de instaurar la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes; lograr la plena operación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo vencimiento es el 18 de junio próximo, y mejorar e implementar instalaciones dignas y seguras. Así como contar con personal especializado en materia de justicia para adolescentes; brindar la debida atención a las necesidades específicas de las mujeres adolescentes; realizar la adecuada clasificación y garantizar el derecho a la protección de la salud. La supervisión de la CNDH abarcó los 45 centros de tratamiento interno, de los cuales 6 son varoniles, 4 femeniles y 35 mixtos, que en conjunto tienen una población de mil 445 personas, de las cuales mil 237 son hombres y 208 son mujeres. De la población total, mil 362 personas (94 por ciento) se encuentran ahí por conductas tipificadas como delito del fuero común y 83 por conductas tipificadas como delito del orden federal. -- Reforma