Integrantes numerarios y supernumerarios del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción señalan una serie de irregularidades en la conformación de este ente ciudadano, las cuales ya llegaron incluso a oídos de representantes del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que autoridades estatales hacen “oídos sordos” y no han intervenido para resolver el conflicto. ILEGALES NOMBRAMIENTOS

La integrante numeraria del CPC, Laura Moreno Martínez, indicó que la primera irregularidad fue haber seleccionado a Jesús Sierra Acuña y a Carlos Raúl Espinosa Rincón como integrantes de este comité, dado que el primero fue secretario general del Ayuntamiento de Aquismón y el segundo fue director del ISSSTE en Rioverde, incumpliendo uno de los artículos de la convocatoria, que señala que los integrantes del CPC no pudieron haber ostentado cargos públicos. Tras el fallecimiento de la presidenta del CPC, Alma Irene Nava Bello, diversos supernumerarios llegaron a ocupar la presidencia, hasta que Carlos Raúl Espinosa Rincón llegó a dicho cargo; sin embargo, el año pasado Espinosa Rincón fue electo regidor del ayuntamiento de Rioverde y tras múltiples presiones, pidió licencia a su cargo de presidente del CPC, por lo que el propio comité nombró al tercer supernumerario, Juan Ramón Infante Guerrero, como presidente interino del CPC. Miguel Enrique López Ávalos, primer integrante supernumerario del CPC, dijo que presentó quejas ante la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido a que considera irregular el nombramiento de Juan Ramón Infante como presidente del CPC, dado que el artículo 20 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción señala que las vacantes dentro del CPC las cubrirán los supernumerarios en el orden en que fueron nombrados por la Comisión de Selección, es decir, que quien debió cubrir la ausencia de Rincón Espinosa debió haber sido el primer supernumerario: Miguel Enrique López y no el tercer supernumerario. AUTORIDADES HACEN “OÍDOS SORDOS”

López Ávalos señaló que, tras la presentación de estas quejas, la Contraloría del Estado lleva cuatro meses sin entregarle una respuesta y la ASE le respondió que no era su competencia resolver el asunto, sino del Congreso del Estado, por lo que presentó un nuevo escrito ante el Congreso, mismo que tampoco ha sido respondido e incluso GlobalMedia contactó a la presidenta del Congreso, Sonia Mendoza Díaz, para hablar sobre el tema y la respuesta que emitió fue un “no estoy enterada”. De igual forma, GlobalMedia buscó una postura oficial de la Contraloría del Estado acerca de si intervendrán para resolver estos conflictos, sin embargo, a través del área de Comunicación Social se cerraron las puertas, argumentando que es un asunto que toca resolver a la Secretaría General de Gobierno. Recientemente, el contralor Gabriel Rosillo Iglesias declaró ante medios de comunicación que ellos reconocen a Ramón Infante como el presidente del CPC. BUSCAN MESAS DE DIÁLOGO

Miguel Enrique López agregó que este asunto ya fue dado a conocer al presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, quien está dispuesto a visitar San Luis Potosí para fungir como mediador en la resolución de estas presuntas irregularidades en la conformación del CPC. Al respecto, el vocero de la Comisión de Selección del sistema, Jaime Cantú Sánchez, se comprometió a llevar ante los diputados, la propuesta de organizar mesas de diálogo entre integrantes del CPC para resolver estos temas y que las autoridades funjan como intermediarios en este asunto. SESIONAN SIN UNA INTEGRANTE

Jesús Sierra Acuña, integrante numerario del CPC, informó que él interpuso otro recurso de amparo ante juzgados de distrito, argumentando que la designación de Laura Moreno Martínez como quinta integrante numeraria fue irregular, dado que ella debió haber sido nombrada como primera integrante numeraria, ocupando el cargo de presidenta del CPC, para suplir la salida de Alma Irene Nava. Agregó que, a raíz de este recurso de amparo, Laura Moreno no ha asistido a las reuniones de las sesiones del CPC, pese a que aseguró que sí la han convocado. Laura Moreno, por su parte, respondió que no es ilegal la designación que hizo la Comisión de Selección, dado que ella no fue nombrada para suplir a Alma Irene Nava, sino que fue designada debido a que, de acuerdo a la ley, cada año debe renovarse una de las posiciones del CPC, saliendo el numerario número 1 y recorriendo al resto de los numerarios para que entre un nuevo integrante a la posición número 5; además negó que la hayan convocado a las sesiones del CPC, tal como lo dijo Sierra Acuña, únicamente recibió una invitación informal para una reunión en un café. Sierra Acuña también se negó a dialogar y presentar documentación, respecto de los acuerdos del CPC, a integrantes supernumerarios como Mónica Torres, quien ha pedido transparencia en la conformación de este comité, debido a que, según Sierra Acuña, los supernumerarios no forman parte del CPC, sino que únicamente son suplentes y por tanto, no tienen derecho de conocer la documentación mencionada.