El secretario de Comunicaciones y Transportes del estado Ramiro Robledo López señaló en entrevista para Noticias de la Noche que el conflicto entre taxistas de la ruta Escalerillas lleva ya 40 años, dijo que históricamente ha habido un servicio de transporte de Escalerillas a la ciudad en una ruta federal: la carretera a Guadalajara. “La petición de los transportistas de Escalerillas en concreto es ‘queremos que el gobierno del estado nos otorgue por asignación directa concesiones de taxis para poder hacer servicio colectivo en ruta federal y cuando lleguemos a la ciudad convertirnos en taxis’ sedan, esa es su petición, no se puede ni al amparo de la ley estatal ni federal”, explicó. Aclaró que de que cualquier forma estos taxistas no cuentan con concesión alguna, por lo que insistió Robledo López que el conflicto es entre ellos, de la que se ha generado la petición de parte de transportistas de Antorcha “irregulares”, dijo el funcionario, que hagan operativos contra los otros “irregulares” de Amotac, excepto contra ellos. “Yo soy muy respetuoso en competencias” indicó respecto a la forma en la que operan si son considerados irregulares, “una parte tienen un escrito medio raro que se les entregó a finales de los años noventa que a un grupo de ellos se les permitía trabajar, y eso se está analizando jurídicamente y probablemente será sometido a tribunales, pero el resto, no, trabajan de manera irregular y por eso hemos hecho operativos”. Sin embargo advirtió el funcionario que no cederán al chantaje que montaron, al bloquear vialidades a cambio de retirar las unidades de Amotac, aun así señaló que el diálogo continuará y se tendrá qué buscar un esquema de transporte porque se requiere el servicio. Aceptó que existen mecanismos de regularización compatibles entre la norma estatal y federal, sólo que se tienen que cubrir determinados requisitos que los taxistas de Antorcha no quieren cumplir, “ahí es cuando tampoco podemos estar aceptando chantajes y cuando hoy en día en coordinación con Seguridad Pública se hizo uso de la fuerza pública porque no podemos permitir que se afecte a la ciudadanía”.