CIUDAD DE MÉXICO. A menos de un mes de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Gildardo López Astudillo, El Gil, cabecilla del cártel de Guerreros Unidos y uno de los principales involucrados en el secuestro de los estudiantes, obtuvo su libertad este fin de semana por errores y omisiones de los fiscales que llevan el caso Iguala. Según las indagatorias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR),  El Gil ordenó el levantamiento y asesinato de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos; sin embargo, sus confesiones fueron obtenidas mediante tortura por lo que no pueden ser válidas en un proceso penal. Y es que el titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas desestimó el 30 de agosto una serie de pruebas presentadas por la Fiscalía por considerar que se recabaron de forma ilegal y por tanto no había elementos suficientes para condenar a López Astudillo por secuestro. Los abogados de El Gil ya habían logrado derribar las acusaciones por delincuencia organizada que pesaban sobre su cliente. Según consta en la versión pública de las investigaciones dadas a conocer por la PGR, Gildardo López Astudillo escribió sobre los normalistas a su jefe Sidronio Casarrubias mediante un mensaje de texto que “nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”. La ruta final para la liberación de El Gil comenzó en junio del año pasado cuando se confirmaron diversos amparos promovidos, no únicamente por este personaje si no también por otros involucrados en el caso Iguala, quienes alegaron tortura por parte de la PGR. Desde el pasado 14 de febrero y hasta el 30 de agosto, López Astudillo se encontraba recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México luego de haber sido trasladado desde el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Ya desde 2016, debido a que se obtuvieron declaraciones presuntamente bajo tortura y por otras irregularidades en el proceso, un tribunal amparó a Sidronio Casarrubias, presunto líder del cártel de los Guerreros Unidos y quien es señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 normalistas. -- EXCÉLSIOR /  JUAN PABLO REYES