La Fiscalía General de la República (FGR) hizo pública este miércoles una versión en la que asegura, tras una trabajo de investigación ministerial, que el excandidato presidencial Ricardo Anaya recibió más de 6 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética “que privatizaría la producción petrolera mexicana”. De acuerdo con lo publicado por la Fiscalía, en su denuncia de 2020 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que a su vez, este votara a favor de la política, hecho que quedó asentado el 11 de diciembre de 2013 cuando se aprobó la reforma con el voto a favor del entonces legislador. “Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto “N”, (…) en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014”, se indicó. De acuerdo con Miguel “N” y Froylán “N”, testigos de la Fiscalía, en ese entonces se presenciaron diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de Pemex; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales. La FGR puntualizó que dicho monto corresponde a su vez de un primer pago por 10 millones de dólares hecho a modo de soborno a Emilio Lozoya por Hilberto “N”, Marcelo “N”, Luiz “N” y Luis “N”, altos funcionarios de Odebrecht Brasil. “Su intención (era) obtener, a partir del año 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana; y, para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya, como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera”, se informó. La FGR afirmó que los hechos que involucran a Anaya en el caso evidencian una línea clara de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras. “Todo ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público”, refirió. Señaló que en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

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