El nacimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción en San Luis Potosí causó gran expectativa, principalmente porque ante escándalos como el de la Ecuación Corrupta y el Moches Gate, entre muchos otros, que parecían hechos por demás probados, se abría la expectativa de que los responsables al fin fueran castigados. Al nombrar al frente de la misma a un personaje como Jorge Alejandro Vera, quien más allá de su apellido, era reconocido en el gremio político como un hombre honesto, con un buen paso por el Congreso del Estado y diferentes encargos, la esperanza crecía, pero la emoción duró muy poco y la realidad fue decepcionante para todos, menos para los corruptos. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Corresponde a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, la atención, investigación, litigación y persecución de aquellos delitos de su competencia, así como cumplir con autonomía técnica con todas las obligaciones impuestas por la Constitución del Estado y todas las disposiciones del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, el primer obstáculo fue la falta de marco normativo y cuando esto se resolvió, derivó en una de tantas limitaciones que ha tenido que enfrentar. Sin presupuesto, sin autonomía, sin personal, y desde finales de enero de 2020 sin titular, tras la renuncia de Vera Noyola, la fiscalía es una dependencia de membrete y nada más. Pese a que la ley también establece que La Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción contará con unidades administrativas, elementos de policía de investigación, peritos, así como recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, pareciera no haber interés de darle operatividad, y eso ha quedado en evidencia tras la dilación para nombrar al nuevo titular. No fue por el Covid 19, ni por las medidas de distanciamiento social, ha sido evidente que no hay prisa ni por parte del Gobernador del Estado, ni de los Diputados, de avanzar en este tema. Recién esta semana se confirmó que, al fin, después más de 5 meses desde la renuncia de Vera Noyola al cargo, el Ejecutivo envió una terna de candidatos a Fiscal Anticorrupción. Y aunque algunos diputados se desgarraron las vestiduras por la tardanza de más de 150 días por parte de Juan Manuel Carreras, lo cierto es que el Legislativo tampoco le ha dado prisa, ni ha presionado, ni ha mostrado interés. La terna que ahora está sobre la mesa está integrada por Leticia García Torres, Xóchitl Martínez Calderón y Felipe Aurelio Torres Zúñiga. Leticia García es la jugadora de casa, pues ya forma parte de la Fiscalía General del Estado, mientras que Xóchitl Martínez se ha desempeñado en el Poder Judicial, al igual que Felipe Aurelio Torres. Sin embargo, tanto García Torres como Martínez Calderón llevan ventaja, al menos ante la opinión pública, pues varios sectores como el gremio de los abogados, se han pronunciado a favor de que el próximo fiscal anticorrupción sea una mujer. Los diputados tienen ahora 30 días para analizar las propuestas y someterlas a votación del Pleno del Congreso del Estado, pero ya no hay emoción por parte de los ciudadanos al respecto, la credibilidad y confianza en ese órgano se esfumó hace mucho y lo cierto es que, tras la renuncia de Vera Noyola, quien salió denunciando un montón de obstáculos que le impedían hacer su trabajo, nada ha cambiado, es decir, que quien llegue al encargo se enfrentará al mismo escenario, una serie de hechos que presumen la comisión de delitos relacionados con corrupción, desde los ayuntamientos, hasta las diferentes áreas del mismo Gobierno del Estado, que se han denunciado en varios medios de comunicación, con elementos que parecen más que probatorios, y a la resistencia institucional a que sean castigados. Y el que no haya interés en fortalecer los mecanismos anticorrupción lo único que nos hace pensar a los ciudadanos, es que se debe a que hay un mayor interés en mantener y procurar un ambiente de impunidad, e incluso de protección para quienes cometen actos de corrupción. ¿Por qué estarían, tanto el ejecutivo como el legislativo, tan interesados en que la fiscalía anticorrupción no funcione? Vale la pena estar atentos.