El gobierno regional de Cataluña estudia una fecha para declarar la independencia de España tras un controvertido referéndum secesionista que desencadenó la crisis más grave en el país en décadas. Carles Puigdemont, presidente del ejecutivo regional y que dijo que la declaración se producirá en próximas fechas, ofrecerá un discurso más tarde el miércoles. España, que declaró que la consulta del domingo es ilegal y no tiene validez, se opone radicalmente a cualquier iniciativa secesionista. El conservador gobierno central en Madrid señaló que ha respondido con “todas las medidas necesarias” para contrarrestar el desafío catalán, y mantiene reuniones con los líderes de la oposición para alcanzar un consenso en la respuesta a la crisis. Todo el mundo se pregunta qué podría pasar si la región del noreste de España intenta independizarse realmente. Madrid podría intervenir y asumir el control del gobierno de la autonomía o podría declarar incluso el estado de emergencia e imponer la ley marcial. La independencia no será un camino fácil para Cataluña Unos 2,3 millones de personas (menos de la mitad del electorado de la región) votaron en la consulta. Se cree que muchos de los contrarios a la secesión se quedaron en casa después de que la consulta fuese declarada ilegal por los tribunales estatales. De los que votaron, alrededor del 90% se mostró a favor de separarse de España. La región no tiene competencias en defensa, asuntos exteriores, impuestos, puertos o aeropuertos, que están controlados por el ejecutivo en Madrid. La crisis se agravó el domingo cuando unas 900 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales tras disturbios con la policía, que tenía orden de evitar la celebración de la consulta. Por otra parte, la Audiencia Nacional de España citó a declarar el miércoles a dos altos cargos de la policía regional de Cataluña y a los líderes de dos grupos cívicos proindependentistas que están siendo investigados por un presunto delito de sedición. Los cuatro serán interrogados por su papel en las manifestaciones y concentraciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, explicó el juzgado. En esas fechas, la policía española detuvo a varios funcionarios del gobierno catalán y cateó oficinas como parte de una operación para impedir la celebración de un referéndum secesionista el pasado fin de semana. -- PUBLIMETRO