Este mes se cumplió 1 año desde que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) anunció tener elementos suficientes para acreditar “medianamente” un hecho delictivo, presuntamente cometido por el ahora diputado con licencia, Enrique Flores Flores, luego de la difusión de un video en donde confiesa la existencia de una red de corrupción para limpiar cuentas públicas de ayuntamientos; sin embargo, tras este tiempo no se ha girado orden de aprehensión en contra del legislador. Fue el 31 de agosto del año pasado, cuando la PGJE confirmó que envió al Congreso del Estado una solicitud para iniciar el desafuero de Enrique Flores, debido a que contaba con elementos para iniciar un proceso penal en su contra por extorsión y cohecho. En el video en mención se involucraba también a los diputados Óscar Bautista Villegas, Guadalupe Torres Sánchez y Manuel Barrera Guillén en dicha red de corrupción, sin embargo, al día de hoy estos legisladores han quedado exonerados, debido a falta de pruebas. El vocero de la plataforma política Ganemos, David Reyes Medrano, declaró que a finales del año pasado tuvieron una reunión con el Fiscal General, Federico Garza Herrera, quien les informó que las investigaciones no arrojaban elementos para comprobarle a Enrique Flores y a los otros tres diputados, el delito de extorsión, por lo que se cambiaría el delito a cohecho, tomando como prueba una parte del video (que no se difundió en medios), en donde Flores le pide dinero al alcalde de Ébano Crispín Ordaz Trujillo para iniciar con el trámite de limpiar su cuenta pública y dicho edil le entrega 11 mil pesos al diputado. Reyes Medrano lamentó que lo que parecía ser toda una red de corrupción en el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE) se haya minimizado y ahora se reduzca a un solo cargo de cohecho contra Enrique Flores por haber recibido 11 mil pesos de un alcalde, esto debido a que la PGJE se limitó a entrevistar a los alcaldes, mismos que negaron haber sido extorsionados por los diputados, sin embargo, nunca se revisaron a detalles las cuentas públicas de los Ayuntamientos para verificar que no haya habido limpieza de las mismas. “ALCALDES NO QUIEREN HABLAR” El vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, dijo que el único alcalde del estado que afirmó haber sido extorsionado por Flores fue Crispín Ordaz, el resto de los alcaldes “no quieren hablar” y atribuyó la falta de acción de las autoridades a “negociaciones con partidos políticos” para aletargar los casos y que de esa forma “se enfríen” y queden impunes. El notario público Eduardo Martínez Benavente también atribuyó esta falta de acción a un contexto de “impunidad absoluta” que existe en San Luis Potosí, en donde la única consecuencia en este caso fue la renuncia de Enrique Flores a su cargo de diputado. OTROS CASOS EN LA IMPUNIDAD El caso denominado como “La Ecuación Corrupta” no es el único relacionado con hechos de corrupción en el Congreso del Estado que continúa sin castigo. En meses pasados, 19 personas presentaron denuncias penales contra diversos diputados, quienes presuntamente habrían falsificado sus firmas para comprobar apoyos sociales “fantasma”, sin embargo, de acuerdo a Guadalupe González, ni siquiera existe un dictamen de un perito en grafoscopía, que acredite si las firmas son o no de los ciudadanos que denunciaron. La organización Ganemos también participó en la presentación de denuncias penales por presuntos desvíos de recursos de gestoría institucional en el Congreso, sin embargo, David Reyes señala que se han presentado una serie de pretextos para no castigar estos delitos, como el hecho de que Oliver Meade Hervert, anterior visitador general de la PGJE y encargado de investigar estos casos, dejó su cargo para irse a la campaña de José Antonio Meade o el hecho de que el nuevo Fiscal Anticorrupción, Jorge Vera Noyola, no podía operar, debido a la falta de una Ley Orgánica de la Fiscalía. Otro de los casos que han quedado impunes, de acuerdo a Guadalupe González, es el de la fiesta navideña de la ASE, en donde se señaló que se comprobaron gastos para la organización de una fiesta que nunca existió e incluso se presentaron las pruebas que acreditan el delito, sin embargo la PGJE no ha querido proceder “por temas políticos”. Por lo pronto, las organizaciones civiles ya están proponiendo una mesa de diálogo entra las autoridades encargadas de impartir justicia y las víctimas de usurpación de identidad, cuyos nombres fueron usados para comprobar gastos de Diputados, esto con el fin de que se les explique los avances del proceso y los pasos a seguir para que se haga justicia en torno a estos casos.