La corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social en todo el mundo. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto mundial- Organización de las Naciones Unidas

El pasado lunes 16 de noviembre, Francisco Sagasti se convirtió en el cuarto Presidente de Perú en menos de tres años, y el tercero en una semana. Su llegada al poder se da tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, seguido por la destitución por el Congreso del popular presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre, y tras la renuncia el pasado domingo de Manuel Merino después de 5 días frente al poder.

El descontento de los peruanos se remonta a diversos escándalos de corrupción y a una mayor exigencia de rendición de cuentas a sus autoridades, en esta ocasión principalmente al Congreso. Lo anterior se da, ya que si bien Perú es un país que ejemplarmente ha avanzado en investigaciones por corrupción a Presidentes, no ha sucedido lo mismo con el Congreso. Perú dentro de América Latina es el único país junto con Venezuela y Ecuador que cuenta con una sola cámara legislativa, sumado a ello tiene un gran poder sobre el ejecutivo en tanto que cuentan la facultad de destituir al Presidente a través de una "moción de vacancia por incapacidad física y moral”. Dicho concepto, si bien está estipulado en la Constitución, queda sujeto a la interpretación propia de los congresistas en cuanto a los casos en donde se puede aplicar el procedimiento, lo cual ha derivado en algunos casos en arrinconar al presidente en turno a dejar su puesto en caso de no contar con mayoría en el Congreso, o cuando los intereses de los legisladores se ven amenazados. El procedimiento se ha usado con mayor frecuencia desde la presidencia de Fujimori, como ejemplo de lo anterior, la moción de vacancia realizada a Vizcarra en semanas pasadas es la cuarta que impulsa el Congreso peruano desde 2016. De igual manera, en tanto que el poder judicial no se ha posicionado sobre el uso de la moción, los congresistas siguen manteniendo un libre uso del instrumento.

Lo anterior recuerda también lo sucedido a los últimos seis presidentes del país, que si bien no todos han sido destituidos, sí han sido investigados o condenados por corrupción. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se encuentra en arresto domiciliario por lavado de activos, Ollanta Humala (2011-2016) se encuentra en libertad condicional también acusado de lavado de activos, Alan García (2006-2011) fue acusado de soborno y se suicidó cuando lo fueron a detener en 2019, Alejandro Toledo (2001-2006) fue acusado de corrupción, arrestado en EUA y pedido en extradición, y por último Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años en prisión por homicidio y corrupción.

Con el contexto anterior, las manifestaciones inician cuando el congreso aplica la vacancia por segunda vez a Vizcarra por acusaciones de corrupción en su administración como Gobernador en Moquegua, misma que se realizó sin evidencia de delito y sin un debido proceso legal, hecho que derivó en aumentar la inestabilidad en un país ya golpeado por una fuerte crisis de salubridad y económica.

Por otro lado, el congreso ha sido también severamente señalado por los manifestantes jóvenes conocidos como la generación bicentenario, no solo por corrupción e impunidad, y por impulsar una destitución sin pruebas, sino igualmente por contar con un marco legal que permite a los congresistas mantener su puesto aun y cuando cuentan con procesos penales, y por no exigir un perfil mínimo de estudios y experiencia profesional para postularse como legisladores. Como ejemplo de lo anterior, 68 de los 130 congresistas están siendo investigados por delitos tales como fraude, corrupción, lavado de activos, homicidio y una legisladora por haber lanzado su candidatura con un nombre falso para ocultar problemas legales. De igual manera, la mayoría de los legisladores no cuentan con estudios terminados o trayectoria relevante, tal y como el caso del excongresita y expresidente por una semana Manuel Merino.

Por lo que, el Presidente Francisco Sagasti, ingeniero y político moderado, tiene hacia adelante grandes retos derivados de una crisis política cuyo gobierno ha sido acusado de violentar Derechos Humanos, de una la crisis sanitaria que en Perú tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo, y de una crisis económica. Francisco Sagasti estará en el poder hasta que haya rotación derivado de las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán el 11 de abril de 2021.

En los siguientes meses y en vísperas de las elecciones, los partidos políticos deberán escuchar las posiciones y exigencias de los jóvenes peruanos cada vez más cansados de la corrupción, que al igual que entre muchos otros países en la región ha entorpecido el crecimiento y desarrollo. Así pues, la lucha contra la corrupción y el crecimiento inclusivo cobran vital relevancia dada la actual coyuntura sanitaria mundial y sus afectaciones sociales y económicas.

Twitter: @Noemihrb