La Ley de Seguridad Interior, que se analiza en el Congreso de la Unión y que busca normar la operación del Ejército en labores de seguridad pública, es producto de las promesas incumplidas de Gobernadores y Presidentes Municipales, quienes no se ocuparon por armar y capacitar a sus policías, desde que se comenzó a implementar el nuevo sistema de justicia penal hace 8 años, consideró Patricia Flores Blavier, experta en temas de seguridad Dijo que en los estados no se han conformado policías investigadores ni tampoco se tienen corporaciones sólidas, razón por la que se requiere la intervención del Ejército en labores de seguridad, aunque señaló que sería inviable el que el Ejercito ocupe las calles, tal como lo hacen las policías, pues no tiene protocolos de actuación en materia de derechos humanos, pese a que lleve actuando varios años en la lucha contra el narcotráfico, en el Plan DN3 y otras cuestiones de atención a la ciudadanía. “Los soldados no están formados en temas de Derechos Humanos y no están facultados en el tema de protección de derechos civiles, y si han hecho un papel fundamental en el plan DNR, en incendios, huracanes, terremotos, el Ejército Mexicano no tiene esa formación”. Consideró que el beneficio de esta ley ciñe en un marco regulatorio el actuar del Ejército en el ámbito de la sociedad mexicana, pues no debe estar cumpliendo con las tareas que corresponden a las corporaciones estatales y municipales. El también experto en seguridad, Francisco Salazar Soni, aclaró que la Ley de Seguridad Interior no es una carta abierta para que las fuerzas federales, como el Ejército Mexicano, cumplan con labores que le corresponden a las corporaciones de Seguridad Pública, más bien tiene que ver con marcos jurídicos de actuación, tanto de la Marina, Ejército y Policía Federal. Explicó que una cosa es la seguridad pública, que atiende a temas de proximidad social, prevención, investigación y persecución del delito y otro tema distinto es la seguridad interior, que tiene que ver con las acciones que impiden el desarrollo normal de las instituciones, el estado de derecho e ingobernabilidad. Dijo que se atendería específicamente, por una temporalidad no más de un año, al estado o municipios donde se comprometa gravemente la seguridad interior, como desastres naturales, cuestiones de salubridad general, o bien cuestiones graves de seguridad, rapiña, delincuencia organizada, lo que explicó seria a través de una solicitud de la localidad revisada por la Secretaría de Gobernación Federal y en su caso emitiría la declaratoria. “Es positivo porque el Ejército ya tiene más de 20 años atendiendo cuestiones de seguridad, como las que te comento, inclusive en municipios que tienen graves problemas de seguridad interna y esto les da un marco de actuación, y tiene que haber una declaratoria a través de la Secretaría de Gobernación y todo un protocolo de actuación”. Esta ley ya fue aprobada en la Cámara de Diputados federal, ahora está siendo analizada en el Senado.