El propósito del gobierno estatal de recortar 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, destinados al Museo de Ciencias Ambientales para reasignarlos a la construcción del Hospital Civil de Oriente es una acción inconstitucional, afirmó el Director de la División de Estudios Jurídicos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno.

Durante su participación en el webinar “Antecedentes e importancia de la autonomía en las universidades”, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Ruiz Moreno explicó que la fracción séptima del artículo tercero constitucional refiere que la universidad administrará libremente su patrimonio; en el caso de la UdeG, explicó, se entiende que es el patrimonio en forma de presupuesto oficial autorizado.

“La pregunta es: ¿esos 140 millones de pesos fueron previamente autorizados por el Poder Legislativo? La respuesta es: sí. ¿Puede entonces cambiar el destino libremente el titular del Poder Ejecutivo o la Comisión de Hacienda, previo dictamen ante la asamblea y votado por mayoría? La respuesta es: no, técnicamente”, argumentó.

“Este es el punto controvertido que tiene que presentarse ante la autoridad judicial federal para poder resolver la inconstitucionalidad del acto que en este momento está siendo reclamado. Ahora, antes de llegar a ello, autoridades administrativas de la UdeG están ejerciendo buenos oficios y están en pláticas con el titular del Poder Ejecutivo y con representantes del Poder Legislativo”, agregó Ruiz Moreno.

El Jefe del Departamento de Economía del CUCEA, doctor Martín Guadalupe Romero Morett, habló sobre el riesgo de permitir injerencias en la vida universitaria, lo que la pone en riesgo de perder su esencia, que es el libre pensamiento.

Otros riesgos son que sea desviada de sus fines y que sus funciones de docencia, investigación y vinculación se pongan al servicio de una fuerza externa con intereses ajenos a la propia universidad, y que se vuelva a arrastrar a luchas entre grupos políticos, se le obligue a servir a una ideología más que al bien común, dijo el académico.

“El riesgo de la injerencia externa en el funcionamiento de la Universidad estriba en que se pierda mucho de lo alcanzado hasta la fecha. Las universidades públicas como la UdeG atienden a un alto porcentaje de estudiantes en todo el país, y a un menor costo que el manejado por otras instituciones, lo que se traslada a la sociedad en forma de ahorros para las familias que no pagan ni matrícula, ni colegiatura; pero también se transfieren a la sociedad en su conjunto cuando reciben servicios de sus egresados”, subrayó Romero Morett.

Un riesgo más “es que la sociedad en su conjunto se prive de muchos de los servicios educativos que ofrece una institución pública como la UdeG, y servicios que van más allá que los ofrecidos en sus aulas, como la Feria Internacional del Libro (FIL); el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG); obras de teatro; recitales de música y bibliotecas. Y el riesgo es también que la evolución de la Universidad disminuya su marcha para defenderse de acciones políticas de otro orden, un orden que no es el propio”, aseguró.

El investigador de la Facultad de Historia, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor Miguel Ángel Gutiérrez López, dijo que la universidad como institución debe de ser la conciencia crítica de la sociedad, ya que prepara a profesionistas, realiza investigación en muchas áreas del conocimiento y en su seno se discute en términos científicos, académicos, políticos e ideológicos.

“Si el ideal es que como universitarios seamos la conciencia crítica de la sociedad, pero hay una injerencia del poder de manera recurrente y sistemática, se corre el riesgo de desvirtuar ese sentido de la universidad como un espacio excepcional donde se pueden discutir ideas y posturas libremente, bajo los principios del rigor académico”, resaltó.