En días pasados se emitieron leyes secundarias de la Reforma Educativa, específicamente la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, que establece que las plazas magisteriales se concursarán con base en exámenes y con un análisis sobre la formación profesional que tiene el docente, dando prioridad a egresados de escuelas Normales, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de centros de formación para el magisterio. El experto en educación, Diego Juárez Bolaños, advirtió que esta legislación es inconstitucional, debido a que marca que se debe dar preferencia a egresados de los institutos anteriormente mencionados, mientras que el artículo 3 constitucional señala que la competencia se debe dar en igualdad de condiciones, por lo que es de esperarse que egresados de universidades “patito” se amparen y ganen los juicios. Juárez Bolaños consideró que, pese a que es inconstitucional, es positiva esta parte de la ley que busca darle preferencia a egresados de escuelas normales, ya que indicó que, por ejemplo en San Luis Potosí, no hay ninguna institución de calidad que ofrezca carreras en materia educativa, además de la Escuela Normal y de la UPN, por lo que no afectará más que a los egresados de carreras de pedagogía de escuelas “patito” que tendrán más difícil el poder acceder a una plaza. Esta legislación secundaria establece que los maestros que concursen una plaza docente obtendrán un puntaje, con base en la calificación que obtengan en el examen y el análisis de su currículum; posteriormente, los resultados se compartirán a autoridades educativas en los estados y a las organizaciones sindicales, con el fin de que estas últimas vigilen el procedimiento, con el fin de que se asignen las plazas a los maestros con los mejores puntajes, sin embargo, los sindicatos no tendrán influencia sobre quién accederá a las plazas. El secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejo Rivera Ávila, dijo que conocen estas leyes secundarias y están de acuerdo con ellas, dado que no toca a los sindicatos hacer las contrataciones, sino únicamente observar que haya transparencia en estos procesos. El líder sindical además informó que alrededor de 30 maestros potosinos que habían sido removidos de sus puestos, debido a que reprobaron las tres evaluaciones que estipulaba la anterior Reforma Educativa, ya fueron reacomodados en las aulas, tras la cancelación de la anterior reforma. La nueva reforma además considera la conformación de una comisión, en la que estará representada la Secretaría de Educación Pública (SEP), la dependencia estatal en materia de educación, que en el caso de San Luis Potosí es la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el SNTE, lo cual le quita aún más poder al sindicato para poder influir en la asignación de plazas, dado que contará únicamente con uno de tres votos dentro de este órgano.