Los integrantes de la peor legislatura de la historia encontraron una forma de llevar agua a su molino o mejor dicho: dinero a sus bolsillos mediante el uso de una red de empresas fantasmagóricas. Una serie de empresas realmente inexistentes como tal fueron utilizadas por los diputados locales de San Luis Potosí para facturar supuestos apoyos sociales, cursos de capacitación y también los informes legislativos. Formas variadas y distintos modos han estado presentes durante estos tres lastimeros años de una legislatura que se ha caracterizado por los escándalos, ecuaciones corruptas y el abuso. Para variar, el pasado año 2017 pronto y expedito se pusieron de acuerdo para autorizarse 150 mil pesos por diputado como apoyo en la presentación de sus informes legislativos. A pesar de tener muy poco o casi nada positivo que informar, en teoría no está mal que los llamados “representantes populares” aunque sea una vez al año se acerquen a sus distritos y le rindan cuentas a la ciudadanía. En teoría, insisto que hasta aquí suena lógico el tema. El problema es que esta legislatura ha provocado una descomposición tan grave que la supuesta realización de informes ha sido solo un pretexto para desviar recursos públicos. Los 150 mil pesos que se auto aprobaron los diputados terminaron en el bolsillo de muchos de estos mediante la justificación del gasto con facturas de empresas fantasmas. Acostumbrados a repartirse el botín, nunca pensaron que la ciudadanía sustituiría el trabajo de fiscalización que debe realizar la Auditoria Superior del Estado que al menos en seis años no ha revisado los gastos presentados por los legisladores. Tan sólo entre diez diputados facturaron más de un millón de pesos con empresas fantasmales simulando la impresión de revistas, folletos y diseños. Ante la nula revisión de los entes creados para eso y la impunidad que se vive en nuestro país, estos diputados de plano han sido descarados y recurren una y otra vez a los mismos detestables actos.