El comercio ilegal de plaguicidas en México asciende al 20 por ciento del total de lo que existe en el mercado. Para empresas que participan en la protección de cultivos, como Syngenta, Adama, Bayer, FMC, BASF, Arysta, Valent y Dupont, entre otras, este es un problema que representa pérdidas económicas por 4 mil millones de pesos anuales. Lo anterior, si se considera que la industria alcanza un valor estimado de 20 mil millones de pesos, de acuerdo con Proccyt, asociación que agrupa al 75 por ciento de las firmas de protección de cultivos en el País. Ese 20 por ciento de plaguicidas ilegales significa que uno de cada 5 productos es "pirata", de los cuales, más del 50 por ciento corresponden a productos falsificados o sin registro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señaló Gloria Meléndez, directora de Proccyt. "Puede ser falsificado, robado, de contrabando, productos sin registro, adulterado o la combinación de estos delitos. Se puede encontrar un producto robado, pero además adulterado", explicó. Meléndez señaló que, pese a que es difícil identificar estadísticas de contrabando, qué es lo que entra por las fronteras del País, o lo que es importado con otra fracción arancelaria, tienen contabilizadas nueve denuncias en este 2018, hechas por sus firmas asociadas. "En temas de adulteración, falsificación y productos sin registro, ya en PGR y en Cofepris tenemos nueve", especificó. El uso de plaguicidas ilegales infringe los derechos de propiedad intelectual de las marcas, arriesga la reputación de los agricultores y sus certificados de exportación, destacó la experta. Además, alertó, daña el medio ambiente y la salud de las personas, porque al no ser productos identificados, no se sabe qué sustancia se utilizó, si su uso es para uno u otro cultivo, si está permitido y en qué zonas. "Utilizan etiquetas de productos registrados, incluso tratan de copiar los envases de productos registrados, pero la composición de la sustancia que está dentro, que asumimos es un plaguicida, no es lo que dice la etiqueta", apuntó. "Realmente es una actividad criminal", acotó Mauricio Rodríguez, director de Asuntos Científicos de Croplife Latinoamérica. En el País, las instituciones que intervienen en el registro legal de un plaguicida, además de Copefris, son la Semarnat y la ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Según Cofepris, entre 2014 y 2017, se aseguraron más de 266 mil litros de plaguicidas y nutrientes vegetales sin registro sanitario que constate la eficacia y seguridad de su uso en el sector agropecuario; además, se realizaron mil 700 verificaciones y 100 suspensiones de actividades. Los plaguicidas son un insumo necesario para los agricultores, porque sin ellos se estima que se podría perder más del 40 por ciento de la producción, debido a las plagas, malezas y enfermedades. -- Reforma