Un juez federal concedió una suspensión que impide a Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, así como a la Fiscalía del estado, hablar o filtrar información que consta en la carpeta de investigación que se inició contra el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y 18 ex mandos más, a quienes se vinculó a proceso como posibles responsables del delito de desaparición forzada. La resolución del juzgador indica que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita un juicio ante la sociedad que contribuya así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquélla. "En este sentido, se estima que al proporcionar información sobre hechos delictuosos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo", detalla el acuerdo del juez Décimo Séptimo de Distrito del estado de Veracruz con residencia en Xalapa. El juzgador mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el Caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, que el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. "En el mismo sentido, al dictar sentencia en el Caso Loayza Tamayo contra Perú, la Corte Interamericana condenó enfáticamente la práctica consistente en exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, cuando aún no han sido condenadas por sentencia firme", enfatizó el juzgador. Hace unos días, la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez vinculó a proceso a tres ex mandos policiacos y a 16 policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, acusados del delito de desaparición forzada contra 15 personas. La juzgadora ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso y cuatro meses para la investigación complementaria. -- MILENIO