La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Kirchner fue procesada ayer por el juez que lleva la megacausa de sobornos conocida como “cuadernos de la corrupción”, quien además ordenó su prisión preventiva, así como a una treintena de exfuncionarios y empresarios. Kirchner —quien suma con éste su sexto procesamiento en distintas causas— seguirá en libertad por sus fueros como senadora. Tras considerar a la expresidenta “jefa de una asociación ilícita”, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez federal Claudio Bonadio “pidió su desafuero” al Senado, que en diciembre pasado ya rechazó otro pedido similar del mismo magistrado. Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de senadores peronistas y enfrentado en la interna partidaria a la expresidenta, anticipó su postura contraria a un desafuero mientras no haya una condena firme. En el fallo de 500 fojas, el magistrado procesó también con prisión preventiva a 17 exfuncionarios, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido, ya detenido por otra causa, y casi todos sus colaboradores, además de 13 empresarios. De este total, permanecerán en libertad por haber sido aceptados como “arrepentidos” al colaborar con la justicia, cinco exfuncionarios y nueve empresarios, ente ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente argentino, Mauricio Macri. Otros siete empresarios, cuatro exfuncionarios y un exjuez fueron procesados sin prisión preventiva. Bonadio embargó a todos los procesados por 4 mil millones de pesos (100 millones de dólares). Maquinaria El juez investiga el pago de sobornos millonarios por parte de los más importantes empresarios argentinos para obtener contratos de construcción de obra pública entre 2003 y 2015. En el fallo, Bonadio consideró que “la asociación ilíctia fue comandada por (el ya fallecido) Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”, durante cuyos gobiernos funcionó “una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado”. El objetivo era “distribuir coimas a funcionarios corruptos, a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones”. Bonadio estimó que “lo producido por esos sobornos era utilizado” para financiar ilegalmente campañas electorales o “vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites, para comprar voluntades del Poder Judicial” o “a tareas de inteligencia política”. “Pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”, destacó el juez. --

MILENIO