Esta semana el primer mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador se voló la barda con la puntada de que los partidos políticos deberán investigar si sus candidatos que buscan contender por algún cargo público en las próximas elecciones del 6 de junio tienen antecedentes penales, pues si es así, no deberían participar en los comicios. Y exactamente dijo: “Si hay candidatos que tienen antecedentes penales, no deben ser candidatos, señala. Sería muy bueno que los partidos investigaran a sus candidatos y mandaran una carta a la Fiscalía (General de la República), anexando una lista para ver si los candidatos no están en expedientes “. Por lo visto, al menos eso aquí en San Luis Potosí no aplica. Aquí más bien parece ser un requisito. Lamentablemente la impunidad está en niveles históricos y los políticos potosinos son intocables. Si realmente las leyes se aplicaran y las Auditorias tanto del estado como de la federación hicieran su trabajo, muchísimos funcionarios, alcaldes, diputados y secretarios de primer nivel, no andarían de candidatos, si no inhabilitados, devolviendo lo robado o enfrentado denuncias penales.  PLANTAS DE ORNATO

Y ya que andamos entrados en temas de impunidad, la Contraloría General del Estado ha contribuido mucho para que la corrupción en este sexenio haya crecido alarmantemente. Durante el tiempo que estuvo Gabriel Rosillo, el encubrimiento y protección para funcionarios corruptos fue total. Tras la llegada del palero Oscar Alarcón Guerrero, obviamente las cosas seguirán por el mismo camino. En el Congreso del estado el incompetente Contralor Interno y gris de Jesús Rocha, mejor aventó el arca y se fue a lo suyo (hacer grilla a las campañas), dejando un sin fin de pendientes y denuncias.  CEGAIP, ORGANISMO CARO Y DE POCOS RESULTADOS

Donde las cosas van de mal en peor, es en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí (CEGAIP), este organismo “autónomo” además de caro va en picada con los resultados que debe entregar en su labor garante. Resulta que la ley de transparencia obliga a la CEGAIP a resolver los recursos de queja que interpone la ciudadanía, cuando alguna dependencia, ayuntamiento, congreso, partido, sindicato o cualquier otro ente obligado no entrega la información de forma correcta, en treinta días y por alguna cuestión extraordinaria puede pedir una ampliación de otros treinta. Su trabajo es tan deficiente que en muchos casos están resolviendo hasta un año después. No se puede permitir tanta irresponsabilidad y que se siga violando la ley sin consecuencias. El Congreso del Estado está facultado para llamar a cuentas a los tres comisionados de ese “organismo garante” y sancionar a quien no esté cumpliendo con el trabajo encomendado y respetando la ley. Si no pueden con el paquete, renuncien. Es lo mejor que pueden hacer.