La consulta popular para llevar a juicio a los cinco últimos expresidentes de México, que se llevará a cabo el 1 de agosto próximo, es solo una estrategia para posicionar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y desvirtúa la esencia de este mecanismo de participación ciudadana, consideró Azul Aguiar Aguilar, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO.  “Es una forma de adquirir popularidad del presidente poniendo en juego varios de los temas más delicados en la política de México: la corrupción, el tráfico de influencias y las irregularidades de las administraciones anteriores”, señaló. “Para ello se busca seguir cultivando en su fuerte grupo de seguidores la idea de que el gobierno de AMLO está ampliando los procesos democráticos y está verdaderamente transformando el régimen político”.  Para Aguiar el principal problema de la consulta impulsada por AMLO es que pregunta sobre derechos ya existentes en la Constitución. “Para eso (llevar a juicio a los expresidentes) tenemos las fiscalías, las policías investigadoras, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un conjunto de instituciones que parecen estar pintadas ya que, al final de cuentas, deberían tomar acción contra posibles delitos o infracciones y no lo están haciendo”.  En contraparte se dejan de lado los temas que pueden formar parte de una consulta popular y, con ello, elevar la participación ciudadana sobre los asuntos públicos y mejorar la democracia constitucional del país, lo que desgasta este legítimo ejercicio de participación, subrayó la especialista.  “No nos preguntan, por ejemplo, cómo queremos que se integre una comisión para la búsqueda de personas desaparecidas o cuál es el mejor proceso para seleccionar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, aseveró. “No podemos discutir en una consulta popular sobre si debemos realizar o no elecciones, o si se reeligen los presidentes. Pero si podemos discutir los requisitos para hacer más independientes a ciertas instituciones como la fiscalía o el Instituto Nacional Electoral (INE)”.  En síntesis, Aguiar no considera viable participar en la convocatoria del 1 de agosto “por el fondo, ya que no nos pueden consultar derechos”, y advirtió que “pedir que juzguen a alguien sin poner la evidencia en la mesa es problemático”.