El daño que se realiza a los recursos públicos por medio de las empresas fantasmas es enorme, ha permanecido impune y un claro ejemplo es Sandra Sanchéz Ruíz usada por la pasada administración municipal de la capital donde facturó más de 60 millones de pesos en medicamentos genéricos o la camada de la pasada legislatura de San Luis Potosí donde presuntamente se desviaron más de 43 millones de pesos de ayudas sociales que debían ser destinados a la gente más necesitada, pero los diputados por medio de la falsificación de firmas y la presentación de facturas de empresas fantasmagóricas le dieron otro uso muy diferente. Ante la terrible impunidad, recordemos como toda la bancada de diputados locales panistas utilizaban a un solo proveedor fantasma para “justificar” miles de pesos que recibían como apoyos legislativos.  Existen más de veinte denuncias en la Fiscalía y en el Sistema de Administración Tributaria pero no ha pasado absolutamente nada. Respecto a este tema, el día de ayer el Senado de la República aprobó en lo general reformas legales para combatir a las empresas “fantasmas” y las facturas falsas, al imponer por esos ilícitos fiscales prisión preventiva oficiosa y catalogarlos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional. Sin duda el tema generó polémica y posiciones encontradas porqué la oposición considera que es una exageración equiparar el uso de empresas fantasma a delitos contra la seguridad nacional. Es perfectamente conocido que mucha gente se dedica a ofrecer facturas de empresas fantasmas al gobierno y ayuntamientos para tapar boquetes financieros o poder desviar recursos públicos que acaban en el bolsillo de los funcionarios. También despachos contables descaradamente cuentan con catálogos que ponen a disposición no solo del gobierno si no de la iniciativa privada. Las blandengues leyes de auditoría invitan a los funcionarios públicos a utilizar facturas de empresas fantasmas. Ya que cualquier dependencia o ayuntamiento puede recurrir a ellas para “justificar” compras a sobre precios y mientras el producto haya entrado a su almacén se acabó el problema.  Es recurrente encontrar este tipo de empresas facturando aire, ahí la cosa todavía es más fácil para desviar dinero. Se da mucho encontrarlas en los partidos políticos, dependencias de gobierno, ayuntamientos y empresas bajó el concepto de “cursos de capacitación”. Este tipo de “empresas” también son creadas para un lapso de tiempo muy bien planeado para escurrirse del SAT, normalmente entre tres y cuatro años y luego desaparecen para dar paso a la creación de otras nuevas. Los supuestos socios son prestanombres o muchas veces gente a la que le robaron sus datos personales y desconocen la existencia de tal como Ciudadanos Observando lo comprobó en la investigación “Fantasmas compartidos”. El crecimiento exponencial de estas empresas fantasmagóricas no se puede entender sin la protección o contubernio de alguien dentro del propio Sistema de Administración Tributaria (SAT). Se espera que la actual administración federal vaya a fondo en el tema y haga una limpia en su interior para evitar se proteja y solape esta práctica.