En 2017 ha sido registrado como el año más violento en la historia de nuestro país para el ejercicio periodístico. Se contabilizaron 16 asesinatos a periodistas o comunicadores, relacionados con con su labor profesional; aunado a un elevado número de amenazas, desapariciones, intimidación y ataques a la libertad de expresión y al ejercicio profesional. La Fundación presentó un informe de los avances en las investigaciones, conforme a su misión de fomentar el ejercicio periodístico en México, mediante el respeto irrestricto a la libertad de expresión, el derecho a la información, y el secreto profesional de los periodistas, entre otros. Cecilio Pineda – Guerrero. Sin avances. 2 de marzo del 2017. Ricardo Monlui – Veracruz. Sin resolver. 19 marzo del 2017. Miroslava Breach – Chihuahua. Sin resolver. Se capturó al presunto autor material, sin embargo, la investigación realizada por la Fiscalía estatal, apunta a la hipótesis de que fue asesinada por sicarios de Los Salazar, grupo del Cártel de Sinaloa que opera en Chínipas, tierra de la corresponsal de La Jornada, y reportera de El Norte de Ciudad Juárez, por haber denunciado que el precandidato del PRI a la alcaldía era familiar de Adán Salazar, el líder del grupo, 23 de marzo del 2017. Maximino Rodríguez - Baja California Sur. Por resolverse. Se detuvo al autor material y a presuntos cómpiices. 15 de abril del 2017. Filiberto Álvarez – Morelos. Sin resolver. 29 de abril del 2017. Jonathan Rodríguez Córdova - Jalisco. Sin resolver. 15 de mayo del 2017.

Javier Valdez – Sinaloa. Sin resolver. 15 de mayo del 2017. Marcela de Jesús Natalia – Guerrero. Sin avances. 3 de junio del 2017. Salvador Adame Pardo – Michoacán. Sin avances. 14 de junio de 2017. Edwin Rivera – Veracruz. Sin avances. 9 de julio de 2017. Luciano Rivera – Baja California. Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aprehendieron a José Bruno Martínez Hernández, “Bruno”, presunto autor material del asesinato del periodista Luciano Rivera. 31 julio de 2017. Cándido Ríos Vázquez – Veracruz. Sin avances. Cándido Ríos Vázquez, periodista asesinado en Veracruz, estaba amenazado de muerte por el ex Alcalde y ex candidato del PRI a la Alcaldía de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez, quien sentenció: -“Te voy a matar, pinche reportero”. 22 de agosto de 2017.

Juan Carlos Hernández Ríos – Guanajuato. Sin avances. 7 de septiembre de 2017. Lucero Martínez – Baja California Sur Sin avances. 2 de octubre 2017. Edgar Daniel Esqueda – San Luis Potosí Sin avances. 6 de octubre de 2017. Gumaro Pérez Agilando – Veracruz. La Fiscalía de Veracruz publicó un comunicado donde victimiza al periodista y lo liga al crimen organizado. 20 de diciembre de 2017.

Como se ha podido ver, de acuerdo a los análisis que ha llevado a cabo la Fundación Fernando Mora Gómez, en el último año, se ve reflejada la lentitud de las autoridades en las investigaciones a nivel estatal, y la falta de recursos para la Fiscalía de Especializada en la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión; así como la falta de recursos para el Mecanismo de protección a periodistas. Los resultados que hasta el momento han dado a conocer las autoridades de los tres niveles de gobierno, respecto al esclarecimiento de los casos en contra de los periodistas, son ciertamente pobres, y el escenario se presenta complejo y enrarecido para la labor de los periodistas, por lo que deberá establecerse, a la brevedad, un programa de acciones preventivas, que permita sortear un posible y futuro periodo de mayores amenazas y ataques a la Libertad de Expresión. Nuestra organización se dio a la tarea de realizar diferentes acciones el año pasado, como las reuniones con la titular de la Comisión de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la Diputada Brenda Velázquez, con quien pudimos coadyuvar esfuerzos con el objetivo de tener un mejor marco legal para los periodistas, lo que se convierte en mejores oportunidades y calidad de vida para los comunicadores. De entre algunas de nuestras propuestas a la cámara de diputados se encuentran: -      Reformar el artículo 11 y el 21 del código nacional de procedimientos penales.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo 11 párrafo I inciso c) de la Ley

Orgánica de la Procuraduría General de la República para quedar como sigue:

…

c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.

En todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad establecida en el Artículo 21 del Código Nacional

de Procedimientos Penales se deberán agotar las diversas líneas de

investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del

derecho a la información o de las libertades de expresión o imprenta.

…

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Artículo 21 del Código Nacional de

Procedimientos Penales para quedar como sigue:

…

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún

periodista, colaborador periodístico, persona o instalación, que

dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información,

derechos digitales o la libertad de expresión, el Ministerio Público de

la Federación deberá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y

perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo,

competencia para juzgarlos. -      Incorporar un tipo penal que sancione los delitos contra la libertad de expresión.

-      Crear una fiscalía general para la atención de delitos contra la libertad de expresión.

-      Exhortar a la PGR para que atraiga los casos de homicidios y agresiones a periodistas.

-      Adicionar un numeral al Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso. La Comisión de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación se integrará por 12 diputados tomando en cuenta la pluralidad representada en la Cámara. Se encargará de: A) Analizar las iniciativas de leyes y decretos y concurrir a la formulación de los dictámenes respectivos conjuntamente con las comisiones ordinarias que correspondan en el tema de protección a periodistas, medios de comunicación y libertad de expresión.

B) Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, creación y aplicación de políticas públicas en materia del libre ejercicio periodístico, así como respecto a la protección a los derechos humanos de los periodistas. Asímismo se requiere Federalizar los Delitos Contra la Libertad de Expresión, las autoridades locales deben de renunciar al fuero común, para que sea el Ministerio Público Federal, quien lleve a cabo las investigaciones de éstos delitos; así como una Ley de Protección de Alto Riesgo. Es menester recordar al Congreso de la Unión, la importancia de reglamentar el Artículo 134 de la Constitución, para que la publicidad oficial influya en la sociedad, como un constante promotor del derecho a la información pública, además de promover el reconocimiento de derechos, el cumplimiento de obligaciones, y la rendición de cuentas en todo el país; por lo que demandamos se presente una iniciativa de Ley, de Equidad Publicitaría y que ésta se haga valer. En un reportaje que publicaron, nuestro colegas del diario estadunidense The New York Times, se afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto gasta millones de dólares al año en publicidad oficial en medios de comunicación, lo que le ha permitido dictar el contenido en periódicos y noticieros de radio y televisión; hecho reprobable y lamentable, para un país que busca ejercer la democracia y transparencia en su máxima expresión. En nuestra Fundación, alzamos la voz y convocamos a una reflexión profunda, en términos del legitimo compromiso que hemos asumido, en pro de la defensa por la libertad de expresión y los derechos humanos.