El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado su intención de generar una iniciativa para expedir una Ley de Amnistía, que estaría liberando de la cárcel a personas encarceladas injustamente, que fueron obligadas a delinquir o que cometieron delitos menores y no tienen recursos para pagar su defensa, sin embargo, dicha legislación aplicaría solo en delitos del fuero federal, por lo que la gran mayoría de los presos en cárceles potosinas no podrían acceder a este beneficio. En días pasados se anunció que esta ley contemplaría la liberación de personas que fueron obligadas a delinquir en condición vulnerable, que no tienen recursos para pagar su defensa y son acusados de delitos de poca monta o que, siendo indígenas monolingües, fueron enjuiciadas en español. La iniciativa sería entregada el 1 de septiembre, sin embargo, recientemente se confirmó que no fue así, sin dar a conocer las razones de ello. Sin embargo, de acuerdo a información de la Secretaría de Gobernación (Segob), esta ley solo aplicaría para delitos del fuero federal, aunque hay la intención de que esta legislación se pueda replicar en los estados, para que también beneficie a personas acusadas por delitos del fuero común. El presidente de Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, estimó que el 60 por ciento de las personas presas en San Luis Potosí cometieron delitos como robos y lesiones menores o daños por accidentes de tránsito, por lo que consideró que esta iniciativa sí ayudaría a liberar a todas esas personas y que el sistema se enfoque únicamente en procurar justicia por delitos de alto impacto. De la Garza señaló que actualmente hay en prisión personas a quienes se les acusa de “robarse unos audífonos que valen menos de 200 pesos”, lo que genera que se destinen recursos para castigar conductas que ni siquiera deberían ser consideradas delictivas y que encima se les etiquete a estas personas como “personas peligrosas, lo que genera que cuando salen de prisión ya nadie les quiere dar trabajo y esto se convierte en un círculo vicioso, dado que la única opción que les queda es volver a delinquir. Por este motivo, el experto consideró que la iniciativa de Ley de Amnistía debe ir acompañada de un programa de reinserción social de las personas que van a ser liberadas, con el fin de garantizar que van a poder conseguir trabajo, por lo que este proyecto debe incluir a la sociedad en general, empresas e instituciones educativas. MUJERES ENCARCELADAS

La presidenta de la asociación Nueva Luna, Marcela García Vázquez, dijo que actualmente en San Luis Potosí hay 104 mujeres privadas de su libertad, que fueron engañadas u obligadas a participar en hechos delictivos, lo que a su vez está afectando a 150 menores de edad que viven en la “orfandad”, por lo que dijo que esta propuesta del Gobierno de México es muy positiva para poder liberar a estas personas. Los delitos que se les imputan a estas mujeres, de acuerdo a Marcela García, son delitos contra la salud, robo, fraudes e incluso homicidio, dado que hay casos de mujeres que terminaron asesinando a su pareja, debido a que ya estaban hartas de sufrir violencia por parte de ellos, por lo que consideró que se deberá revisar caso por caso, para verificar quiénes sí son acreedoras a un indulto. La presidenta de Nueva Luna recordó el caso de una mujer que fue sentenciada a 39 años de prisión por el delito de secuestro: “un día su novio la sube a la camioneta y le dice me vas a acompañar porque te voy a dar una sorpresa, le pide su credencial de elector, no le dice para qué la va a usar y con la credencial van a cobrar un rescate en una tienda departamental y ahí es donde la policía los detiene”.  De acuerdo a información otorgada por el propio Presidente, en México hay 3 mil mujeres encarceladas injustamente, que podrían resultar beneficiadas de esta nueva ley, la cual podría presentarse con carácter de “preferente”, lo que obligaría a los legisladores a sacarla adelante en un plazo de dos meses, sin embargo, hasta el momento no ha sido entregada al Poder Legislativo y desde iniciada la administración, la Secretaría de Gobernación ha excarcelado a 45 personas por otras vías, considerando que estaban injustamente en prisión.