El pasado jueves se presentaron en el Congreso del Estado dos iniciativas de Ley de Amnistía, que buscan la liberación de un importante número de personas que hoy están en cárceles del estado por delitos que no cometieron, sin haber tenido un proceso justo o por haber cometido delitos menores que pudieron haberse resuelto por un medio alternativo.
Una de las iniciativas es presentada por Fundación Renace capítulo San Luis y permitiría la liberación de personas encarceladas por aborto, posesión de drogas sin fines de distribución o venta, delitos patrimoniales sin violencia en donde el monto de lo sustraído no rebase las 500 UMA’s ($43,440.00), delitos culposos o delitos contra la seguridad del Estado, cuando esto no haya implicado la privación de la vida de una persona, lesiones graves o la utilización de arma de fuego.
La iniciativa también estipula la liberación de personas que hayan cometido delitos contra la salud pública (narcotráfico), cuando la persona se encuentre en situación de pobreza o vulnerabilidad o cuando se haya cometido por indicación del cónyuge, pareja sentimental, pariente consanguíneo u obligado por grupos de la delincuencia organizada.
El director de la Unidad de Justicia de Fundación Renace, Jorge Alejandro González Mitre, dijo que entre el 80 y el 90 por ciento de las mujeres recluidas en el penal de La Pila son personas que se vieron involucradas en la comisión de un delito a base de engaños o por presión de su pareja sentimental o simplemente por necesidad económica y estas mujeres podrían ser sujetas a una amnistía.
El experto indicó que la iniciativa, a diferencia de la Ley de Amnistía federal, plantea que se vincule a las personas liberadas a los servicios pospenales, es decir que se les siga dando capacitación para el trabajo o que se les vincule laboralmente a alguna empresa; además de que se les brinde apoyo psicológico a ellos y a sus familias.
La iniciativa presentada por Fundación Renace también contempla liberación de personas indígenas a las que no se les garantizó llevar un proceso con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura o quienes hayan sido sujetos a tortura.
La amnistía no aplicará para quienes estén llevando un proceso por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidios dolosos, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, desaparición forzada o desaparición por particulares y delitos cometidos con medios violentos.
La responsable de la Unidad de Derechos Humanos y Elaboración de Proyectos, Mariana Prieto Montañez, dijo que esta iniciativa, a diferencia de la federal que solo considera el delito de robos, contempla amnistía para todos los que hayan cometido algún delito patrimonial y destacó la importancia de la amnistía dentro del sistema de reinserción social.
“Nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas por diversos delitos, no solo patrimoniales, que se encuentran en una situación de reclusión por procesos injustos, por detenciones arbitrarias; hay personas que tienen años esperando incluso que inicie su proceso y en Renace nos hemos topado con el abandono de los Defensores de Oficio o por la carga de trabajo que tienen, son personas que no tienen para pagar un abogado particular y van quedando rezagadas en sus procesos”.
La iniciativa plantea que será una comisión la encargada de, en un periodo de 30 días hábiles después de haberse presentado la solicitud, resolver la amnistía. Esta comisión estará integrada por 15 personas, entre las que se encuentran funcionarios de gobierno, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, diputados, académicos, representantes de la sociedad civil y de pueblos indígenas.
El pasado jueves se presentó una segunda iniciativa de Ley de Amnistía por parte de diputados de la fracción de Morena, la cual es muy similar a la de Renace y se diferencia en el tiempo para resolver estas solicitudes de amnistía, que en el caso de la iniciativa morenista es de 4 meses.
Actualmente solo existe una Ley de Amnistía federal, que permite la liberación de reos, pero únicamente del fuero federal, lo cual permite la liberación únicamente del 7 por ciento de las personas detenidas, dado que la mayoría de los delitos son enjuiciados en el fuero común.
