Este jueves se podría tener en San Luis Potosí un nuevo fiscal anticorrupción quien sea que investigue y juzgue a los funcionarios públicos que hagan mal uso de su poder político, en donde tendrá como primera prueba, y fundamental, dar seguimiento y por fin dar sentencia al acto de corrupción en donde se denunció un desvío de recursos por 6 millones de pesos por parte del exalcalde de Ciudad del Maíz Juan Antonio 'N' conocido como el "Moches Gate". Para el vocero de Ciudadanos Observando Guadalupe "Lupillo" González, el "Moches Gate" puede ser un antes y un después fundamental en el combate a la corrupción en San Luis Potosí, ya que se ser castigado este acto en contra del expresidente municipal de aquella demarcación Juan Antonio "N", se puede poner el ejemplo que la malversación de recursos en el estado serán castigados. "Es un buen mensaje para demostrar que a los corruptos se les castiga y no se les ‘apapacha’, pero luego si no hay consecuencias el efecto es casi invitar a que todos roben, porque al que lo hace, no se le pasa el peso de la ley, por lo que podría agravar más los actos de corrupción en San Luis Potosí", dijo 'Lupillo' González. Agregó que lo terrible de este tema, es que al paso de los años, pareciera ser que las instituciones que existen para aplicar la ley, están de lado del delincuente, ya que a pesar de que este acto se cometió en el 2017, aún no se tiene castigo y la judializacion parecerá ser que va a pasos de "tortuga". "Se detectaron pagos millonarios en el 2017 a supuestos contratistas que nunca hicieron los caminos rurales por lo que se les contrato en Ciudad del Maíz; por distintos esfuerzos de asociaciones civiles, demostramos que se desviaron por lo menos 6 millones de pesos en esos actos, pero a pesar de ello, no hay avances en el proceso, parece ser que van a paso de ‘tortuga’", aseguró el vocero de Ciudadanos Observando Pidió que no se elija a personas que no estén interesados en hacer que la Fiscalía Anticorrupción sea autónoma, ya que afirmó que hay un candidato que podría violentar la autonomía de ese sistema al ser el “favorito” del titular de poder ejecutivo estatal.