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El pasado martes 9 de junio, la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, presidida por Roberto Velasco (vocero de la cancillería), acordó suspender las actividades de la institución
00:06 jueves 11 junio, 2020
ColaboradoresEl pasado martes 9 de junio, la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, presidida por Roberto Velasco (vocero de la cancillería), acordó suspender las actividades de la institución, en atención al laudo dictado por la Junta Federal de conciliación y Arbitraje; situación contra la que había actuado Sanjuana Martínez, Directora General de la agencia.
Los integrantes que votaron a favor de este resolutivo fueron Roberto Duque, Coordinador de Normatividad de la Comunicación de la Secretaría de Gobernación; Juan Ramón Flores Gutiérrez, Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública; Julieta Brambila, Directora General de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Rubén Álvarez, Vocero del Instituto Nacional Electoral; Gabriel Torres Espinoza, y José Luis López Aguirre, Vocales del Consejo Editorial Consultivo.
Adriana Urrea, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, se abstuvo para evitar conflicto de interés.
Es así como después de más de dos meses de conflictos laborales, en los que se ha manipulado a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, violando la “autonomía” que hace algunos años se planteó jurídicamente, para dar certeza al medio público, se busca frenar las acciones ilegales que unilateralmente emprendió Sanjuana Martínez desde su irregular designación como Directora General.
Al cabo de año y medio, la periodista se ha dedicado a enfrentar y confrontar a todos los periodistas y trabajadores administrativos de la agencia, para imponer una política editorial de adoctrinamiento, en favor de la autodenominada Cuarta Transformación. Es lamentable la poca seriedad y ligereza con la que se ha debilitado a los medios públicos del Estado Mexicano en nuestro país, para retomar los viejos esquemas de convertirlos en medios del Gobierno en Turno, lo que día a día se traduce en bajas audiencias y nula credibilidad de la sociedad en ellos, y sus contenidos.
De tal forma Notimex suspendió actividades, por acuerdo de su Junta de Gobierno, en cumplimiento de la orden de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre su negativa a acatar el estado de huelga de sus trabajadores.
Notimex dio a conocer que tras dos sesiones extraordinarias, el lunes pasado el órgano colegiado acordó el cumplimiento de los requerimientos de la Junta Federal de Conciliación, y se conformó un comité técnico de apoyo.
“El encargo de este comité técnico es establecer una mesa de diálogo con la representación del sindicato huelguista, a fin de esclarecer los puntos del conflicto, y buscar una solución que posibilite el levantamiento de la huelga a la brevedad posible”, detalló un informe de la Junta de Gobierno.
Además se buscará lograr un acuerdo que permita que el fin de la huelga se de, con respeto a los derechos a la información, libertad de expresión, y garantías laborales.
Es lamentable el conflicto que enfrenta Notimex, que surgió en 1968, como la Agencia Mexicana de Noticias, en el marco de las Olimpiadas que se celebraron aquella época en nuestro país. Es hasta el año 2006 que Notimex modificó sus estatutos, y se convirtió en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Su objetivo, generar noticias. Cuando es además la agencia del Estado Mexicano, lo ideal sería mantenerse al margen de editoriales y temas partidistas. Nadie pone en duda que a lo largo de los años los directores de Notimex han sido cercanos a los grupos políticos que gobiernan, pero como he mencionado, hoy vemos una política muy particular sobre su editorial. Sanjuana Martínez, quien ha hecho su camino en el periodismo de investigación, hoy es cuestionada por su labor como directora de Notimex. Mantiene bloqueados a un número importante de personas, y es regular que debata el contenido de la agencia en redes sociales. A últimas fechas, se utilizan las herramientas del Estado para editorializar o encaminar un contenido en contra de quien resulte incómodo. La libertad de opinión no debe ir por encima del uso de las instituciones para apoyar o denostar a alguien.