Una vez más los mañosos permisionarios del transporte público, no cumplen la ley, pero los premian con un nuevo aumento a la tarifa que es de 9.80. La ley estatal del trasporte del estado de San Luis Potosí es muy clara y señala que los permisionarios deberán cumplir totalmente con los compromisos establecidos para que pueda aprobarse el aumento. Los compromisos son para cumplirse, no se puede estar media embarazada, ya que los permisionarios no cumplieron totalmente. Se aprueba el aumento y ahora resulta que tendrán una prórroga de otros 90 días, y así por fin sustituir las unidades con más de diez años. La homologación de las tarjetas de prepago no se ha podido realizar por la constante negativa, desde hace años del líder del pulpo camionero Margarito Terán. Ahorita menos lo hará, ya que fue detenido por elementos de la Fiscalía del estado de Jalisco, después de doce largos años por un presunto fraude, donde es acusado de fungir como prestanombres en agravio de una familia, que fue despojada de sus bienes por un valor aproximado de 500 millones de pesos. De ese tamaño es el problema en el que está metido. UN TSURU SE LE HIZO POCA COSA

En el Congreso del Estado, los abusos están a la orden del día y resulta que la nueva Coordinadora de Finanzas, Claudia Irma Reyes Tovar se quiso pasar de lista e intentó asignarse el automóvil Chevrolet Cruze, que el diputado Edgardo Hernández no aceptó desde el inicio de esta legislatura. A la funcionaria se le tiene asignado un modesto auto Tsuru, pero se le hizo poca cosa y en cuanto vio que estaba un auto de mayor categoría disponible, pronto intentó apropiárselo, generando obviamente la molestia de diversos legisladores que se enteraron de lo sucedido. MEA CULPA

Resulta que ayer, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió a propios y extraños al asegurar que un grupo de empresas publicarán un desplegado en un medio de circulación nacional, donde reconocerán públicamente que presentaron facturas falsas ante las autoridades fiscales durante las pasadas administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Para no tener más broncas, ya devolvieron alrededor de tres mil millones de pesos.   Obviamente para curarse en salud, estas empresas ya firmaron acuerdos reparatorios, donde se reconoce que no va a haber acción penal, porque son antes de la reforma, y se reconoce que llevaron a cabo operaciones simuladas".  ¿Aquí en San Luis Potosí harán lo mismo, los capos que han manejado la red de empresas fantasmas que utilizaron los ex diputados locales y que ahora aparece en diversos ayuntamientos y dependencias estatales?