La compra a sobreprecio de la planta chatarra Agro Nitrogenados, hecha por Pemex en 2013, quedará en secreto. El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) determinó ayer que, en esa cuestionada compra de 275 millones de dólares, no se usó dinero público. REFORMA publicó cómo Pemex, bajo la gestión de Emilio Lozoya, gastó la cantidad millonaria en esa planta para producir urea y cuyas instalaciones y maquinaria tenían más de 30 años de antigüedad y 14 de inactividad. La comisionada ponente, Ximena Puente, argumentó que, tras la entrada en vigor de la reforma energética, Pemex, que pasó de ser una paraestatal a una empresa productiva del Estado, y sus filiales se convirtieron en compañías privadas a las cuales no les aplica el derecho público. Por tanto, determinó que no le es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal; clasificó, asimismo, como confidenciales los avalúos que se hicieron a la planta de Agro Nitrogenados. Amparándose en una consideración de la Auditoría Superior de la Federación, el INAI determinó que Pro Agro Industria, S. A. de C. V., que fue la filial de Pemex mediante la cual, en 2013, se hizo la compra, es un sujeto de derecho privado. Esta determinación del INAI se dio pese a que, cuando se hizo la adquisición de Agro Nitrogenados, Pemex y sus filiales eran consideradas empresas paraestatales, pues todavía no entraba en vigor la reforma energética, que les cambió el estatus jurídico. Los comisionados Arely Cano y Óscar Guerra emitieron votos particulares en contra de esta decisión. "Existe un vínculo entre las operaciones que se realizaron con la intervención de la filial de Pemex, por lo que se trata de documentación que incide en el ámbito público, máxime si se toma en cuenta que la información obra en el expediente de una auditoría que se practicó a Petróleos Mexicanos", señaló Cano. En febrero, al dar a conocer el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, la ASF reveló que la adquisición de la planta se realizó con un sobrecosto de 93.1 millones de dólares y que el 60 por ciento del complejo era chatarra. También dio a conocer que el análisis del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) advertía del deterioro de la planta. Alejandro González, miembro de la sociedad civil en el comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, calificó la resolución como preocupante. "Si los recursos de Pemex no son recursos públicos, entonces ¿qué son?", cuestionó. -- REFORMA